A 20 años de Barrios Altos: la sentencia debe ser confirmada en Suprema

En pleno gobierno fujimorista, el Grupo Colina exterminó a quince peruanos. Montesinos aún espera ratificación de condena

A 20 años de Barrios Altos: la sentencia debe ser confirmada en Suprema

HANS HUERTO AMADO. @huertoamado
Redacción online

En menos de dos minutos, la pollada que se realizaba en la casona del 840 del jirón Huanta, en Barrios Altos, se convirtió en un escenario sanguinolento y silenciado: la violenta incursión de los integrantes del grupo Colina —que estaba bajo las órdenes del entonces presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos — abrió fuego sobre una quincena de personas ahí reunidas, incluido un niño de 8 años. Se les había sindicado como terroristas y se decidió, al margen de cualquier instancia jurídica, que su castigo como tales era la muerte y que así debía serles aplicado.

Dieciocho años después, precisamente la Justicia peruana limpió de todo rastro de sospecha a las víctimas de esta masacre: “El Tribunal hace constar, terminantemente, que los veintinueve agraviados (incluyendo a las víctimas sobrevivientes y gravemente heridos) reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta (…) no estaban vinculados a las acciones terroristas del PCP-SL ni integraban esa organización criminal”. Ello, muy a pesar de algún fujimorista que insista hasta hoy en tildar a los asesinados de terroristas.

Con este fallo es que en abril de 2009 se condenó a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad y por el cual hoy cumple condena. Un fallo histórico en que se comprueba que un jefe de Estado conocía del actuar de un grupo paramilitar que trabajaba en beneficio de una agenda oculta. Un grupo al margen de la ley que funcionaba dentro y para un organismo dentro la ley, el Servicio Nacional de Inteligencia.

SIN RECONCILIACIÓN
A 20 años de la masacre, viene bien no perder de vista el hecho de que la segunda parte del proceso, que incluye a Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe Guevara, Juan Rivera Lazo y Julio Salazar Monroe, entre otros, aún debe ser confirmada. Más aún, a la luz de los recientes pronunciamientos de una parte del Ejecutivo, con respecto a la amnistía total y procesamiento judicial de militares por delitos de lesa humanidad.

Hace algunos meses se suspendió la vista de causa en la Corte Suprema de Justicia por este caso. Ello hace que la sentencia (que otorgó pena de 25 años a los mencionados) “aún no esté firme”, según declaró la abogada de las víctimas, Gloria Cano, a elcomercio.pe.

Más aún, la letrada explicó que hasta que el tema acabe de ventilarse en la justicia, no es posible para los deudos hablar de un verdadero proceso de reconciliación. Precisó que para ellos, la posibilidad de que se dé la amnistía a quienes se encargaron de ejecutar a sus familiares y a los de varios casos emblemáticos de esta época solo “agrandaría la distancia” entre las víctimas y el Estado. Para que ello sucediera, dijo, tendría que haber un pedido público y formal de los procesados por los crímenes cometidos y ello, dijo Cano, no ha ocurrido, a pesar de algún pronunciamiento del fujimorismo.

Asimismo, indicó que el tema del indulto humanitario a Alberto Fujimori por motivos de salud no debería proceder, en opinión de sus representados, porque está comprobado que el ex presidente no sufre de cáncer terminal y que sus dolencias vienen siendo controladas en prisión.

Queda claro, pues, que enterrar en el olvido el caso, pronunciarse a favor de un perdón unilateral y no impulsar la resolución final de un tema claramente sensible no hace más que alejarnos aún de la ansiada reconciliación, a pesar de las cicatrices.