Caso contra el Estado peruano pasa a manos de la Corte IDH

La comisión elevó el caso de la muerte de dos civiles víctimas de disparos por parte de un militar en 1994

Caso contra el Estado peruano pasa a manos de la Corte IDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a la Corte IDH un caso contra el Estado peruano por la muerte de dos personas y las heridas causadas a otra por disparos de un miembro del Ejército en 1994.

El caso tiene que ver con la muerte de Zulema Tarazona Arrieta y Norma Teresa Pérez Chávez y las lesiones causadas a Luis Bejarano Laura el 9 de agosto de 1994 por los disparos por parte de un militar contra un vehículo de transporte público en el que se encontraban las víctimas, indicó la CIDH en un comunicado.

“Tras los disparos, los funcionarios de seguridad se retiraron del lugar sin prestar auxilio a las víctimas y sin informar a su superior sobre lo sucedido”, de acuerdo con la CIDH, que elevó el caso a la Corte IDH el pasado de 3 de junio.

Aunque hubo una sentencia condenatoria mediante la cual se establecieron las responsabilidades pertinentes y el pago de una indemnización, la violación de los derechos de las víctimas fue reparada solo “parcialmente”, aseguró la CIDH.

“El Estado peruano no ha otorgado reparaciones a los familiares de las víctimas como consecuencia de la situación de impunidad en que permanecieron los hechos durante un plazo irrazonable de 14 años”, subrayó la comisión.

El caso se envió a la Corte IDH porque la Comisión consideró que el Estado peruano “no cumplió” con las recomendaciones contenidas en su informe al respecto.

En ese informe, la CIDH recomendó al Estado peruano “otorgar la reparación” por las “violaciones a las garantías judiciales y protección judicial en favor de los familiares de las víctimas”.

También “fortalecer la capacidad de investigar con debida diligencia y oportunamente cualquier uso de fuerza letal por parte de miembros de las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, la comisión aconsejó “adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana”.