La CIDH remitió a la Corte IDH un caso sobre torturas a emerretista

Los supuestos actos de violencia fueron contra Gladys Carol Espinoza Gonzales, integrante del MRTA que cumple 25 años de prisión por secuestro

La CIDH remitió a la Corte IDH un caso sobre torturas a emerretista

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este miércoles que remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso de violencia sexual y otras formas de tortura perpetradas por autoridades peruanas en 1993 a una mujer que actualmente cumple sentencia de 25 años de cárcel por el delito de secuestro.

La CIDH envió el caso de Gladys Carol Espinoza Gonzales a la Corte IDH el 8 de diciembre de 2011, al hallar al Estado del Perú responsable por la violación al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, la protección de la honra y dignidad, la obligación de prevenir y sancionar la tortura, las garantías judiciales y el derecho a la integridad de sus familiares.

Las torturas contra Espinoza, acusada de secuestrar empresarios para financiar al grupo insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ocurrieron mientras permaneció bajo la custodia de agentes de la entonces División de Investigación de Secuestro (DIVISE) y de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote), ambas adscritas a la Policía Nacional del Perú, dijo la CIDH en un comunicado.

El caso también menciona su posterior sometimiento a condiciones de detención inhumanas en el penal de Yanamayo entre enero de 1996 y abril de 2001, sin acceso a un tratamiento médico y alimentación adecuados, y sin la posibilidad de recibir visitas de sus familiares.

El expediente menciona además golpizas propinadas en agosto de 1999 por agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) en partes sensibles del cuerpo, sin que tales hechos hayan sido investigados ni sancionados por las autoridades competentes hasta la fecha.

El caso se vincula con “la utilización de violencia sexual por parte de agentes estatales como estrategia de guerra en el marco de conflictos armados, y con la ineficacia de los sistemas de justicia para llevar a cabo una investigación diligente con la finalidad de juzgar y sancionar a los responsables de la comisión de actos de violencia contra las mujeres, puntualmente, cuando se trata de mujeres que se encuentran en custodia del Estado”, explica el comunicado de la CIDH.

La Corte Suprema de Justicia condenó a Espinoza a 25 años de prisión en 2004, después de anular una primera sentencia a cadena perpetua por el delito de traición a la patria, emitida en 1993 por un juzgado militar especial de la Fuerza Aérea. Espinoza, que está presa actualmente en el penal limeño de Santa Mónica, podrá salir en libertad en 2018.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato es promover la observancia de los derechos humanos. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.