Congreso amplió penas por difundir audios conseguidos ilegalmente

Legislativo dijo que se pretende salvaguardar el derecho a la intimidad. No hay claridad en sanción a difusión por Internet

(Foto: Andina/ Video: Canal N)

El Pleno del Congreso aprobó la modificación del Código Penal y con ello el incremento de la pena por la interceptación, escucha y difusión de comunicaciones privadas obtenidas ilegalmente: la pena de cárcel ahora será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Si el que difunde es funcionario público, la condena será no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación.

Solo está exenta de esta norma la información con “contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que contravenga el ordenamiento legal vigente”.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Beingolea (APGC), señaló que lo que se pretende sancionar es el quebrantamiento del derecho a la intimidad y no el derecho a la libre información.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás Majluf, sugirió en declaraciones a Canal N que si un hombre o cualquier persona obtiene una conversación obtenida ilegalmente que podría evidenciar la comisión de un delito “hay que tener la tranquilidad para acercarse al Ministerio Público y que este evalúe si hay o no comisión de delito; si no, no lo publiques”.

“Sugeriría tener un documento del Ministerio Público en que se señale que hay indicios de delito. Estás hablando de medios ilícitos. Por ejemplo, todo lo relatado en los Petroaudios no tiene ningún valor jurídico, es fruto del árbol prohibido. En el caso de los Vladivideos también se pudo aplicar el mismo principio, pero solo se difundieron aquellos en que se probaba una entrega de dinero u otro delito”, indicó.

Abugattás también criticó que se hayan difundido audios privados de la entonces candidata municipal Lourdes Flores Nano.

Finalmente, indicó, la legislación no tiene claro cómo sancionar la difusión de esta información en páginas web, por lo que, estimó, ello aún representa un vacío legal.