Congreso no encontró a financistas del espionaje telefónico de BTR

Anoche se aprobó el informe en el que excluyen de responsabilidad al parlamentario aprista y vicepresidente de la República, Luis Giampietri

Congreso no encontró a financistas del espionaje telefónico de BTR

El Comercio

Ayer quedó en evidencia que cuando el Congreso de la República asume facultades investigadoras pocos son los hallazgos concretos y muchas las suposiciones antojadizas. El presidente de la comisión investigadora de la red de espionaje telefónico, Oswaldo Luizar, sustentó en el pleno del Congreso el informe final de este caso.

Un primer aspecto que generó polémica fue que, según el informe final, el ex presidente regional del Callao Álex Kouri contrató los servicios de Business Track (BTR) para ‘chuponear’ a Rogelio Canches, su adversario político.

El fujimorista Rolando Sousa negó que Kouri tuviera responsabilidad. En cambio, el pepecista Juan Carlos Eguren pidió que se denunciara por colusión desleal al ahora candidato a la Alcaldía de Lima (y contendor electoral de Lourdes Flores).

En el informe final, además, se acusaba a la congresista Mercedes Cabanillas (Apra) de haber dispuesto labores de espionaje telefónico en el Congreso, cuando presidió ese poder del Estado (2006-2007). La evidencia: contrató a la empresa Business Track (BTR) para que hiciera un barrido electrónico en el Palacio Legislativo.

Además, Luizar acusaba al congresista aprista Luis Giampietri de haber conocido las labores de espionaje telefónico de BTR. En este caso el argumento fue la amistad que existe entre Giampietri y el socio fundador de esa empresa, Elías Ponce Feijoo. Según Luizar, Giampietri impulsó el ascenso de Ponce a contralmirante cuando fue jefe del Estado Mayor de la Marina (2000).

Sin embargo, Giampietri dijo que tal favor no pudo ocurrir, pues él pasó al retiro en 1995.

Esta precisión motivó que Luizar retirara del informe las imputaciones a Giampietri. En cambio, pidió votar por separado la participación de Cabanillas en un supuesto ‘chuponeo’ en el Congreso. No obstante, se aprobó el informe final y se mantuvieron las acusaciones a la parlamentaria aprista.

Durante el debate, congresistas de diversas bancadas coincidieron en señalar que la comisión investigadora no cumplió con su objetivo: descubrir la existencia de una red de ‘chuponeo’. Y es que la comisión no pudo determinar quiénes lo financiaron. Luizar se limitó a mostrar una lista de empresas e instituciones que contrataron los servicios de BTR (que formalmente era una empresa de seguridad).

NO PROSPERÓ INTENTO DE MENCHOLA
El congresista de Solidaridad Nacional Walter Menchola presentó ayer, junto con el legislador aprista José Vargas, un oficio para que el informe final diga que Alejandro Miró Quesada Cisneros (ex director de El Comercio), José Antonio Miró Quesada Ferreyros, Francisco Miró Quesada Rada (director de El Comercio), Fernando Ampuero, Bernardo Roca Rey y Pablo O’Brien incurrieron en delito contra la función jurisdiccional y asociación ilícita para delinquir.

No obstante, en horas de la noche, el parlamentario aprista Vargas retiró su firma del documento. Luego, Menchola presentó un nuevo texto sustitutorio en el cual solo mencionaba que los directivos de El Comercio tenían conocimiento de las actividades ilegales de BTR, pero retiraba la supuesta responsabilidad penal.

Sin embargo, Oswaldo Luizar, presidente de la comisión, decidió no incluir esta sugerencia en el informe final.