Ejecutivo deja en manos del Congreso el recorte de facultades al TC

El Gobierno Central retrocedió en su intento de reformar este órgano y evaluará mas bien qué iniciativa del Legislativo apoyará en ese sentido

Por Cecilia Rosales

Parece que la asesoría jurídica de un ministro que conoce el tema empezó a funcionar.

Ayer el Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás en su pretensión de presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para delimitar las funciones del Tribunal Constitucional, tal como lo había anunciado el martes el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén.

El ministro había argumentado que era necesario precisar las competencias del colegiado porque “hay una confusión sobre sus facultades”. Y la vía que recomendaba era una reforma constitucional.

Sin embargo, horas después el ministro de Justicia, Víctor García Toma, discrepó con respecto al anuncio de Velásquez: “Yo creo que las funciones y competencias del tribunal están claramente delimitadas en la Constitución y son las que corresponden a un órgano de la naturaleza y envergadura del control constitucional […] creo que el tema no pasa por la reforma [del colegiado] sino más bien por las políticas jurisdiccionales”.

EN MANOS DEL CONGRESO
Ante la obvia discrepancia de posiciones, se le consultó ayer al titular de Justicia —al término del Consejo de Ministros— sobre el proyecto de reforma anunciado por Velásquez. Sin embargo, comentó que se había decidido que sea el Congreso el que debata el tema de las atribuciones del TC debido a que en este poder del Estado ya existen iniciativas al respecto.

Poco después el jefe del Gabinete señaló que evaluará con García Toma las propuestas legales presentadas en el Congreso para definir cuál apoyará el Ejecutivo.

“En democracia las discrepancias fortalecen la institucionalidad. A eso debemos acostumbrarnos”, comentó Velásquez intentando poner paños fríos al evidente cambio de óptica.

Velásquez prefirió destacar el que se abra un debate en torno al tema. “Ideas con ideas. No estamos en la edad de la rabia sino de la razón”. Precisó que no había propuesto “limitar las funciones del TC sino de delimitarlas”.

RAZONES DE PESO
El evidente retroceso del Ejecutivo obedecería a que una reforma constitucional implica por lo menos un año de debate en el Parlamento, además de tener que cumplir con el requisito de 80 votos a favor.

Sin embargo, la propuesta multipartidaria que se encuentra en el Congreso apunta a modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para lo cual solo se requieren 61 votos.

El proyecto parlamentario busca modificar el artículo primero de dicha norma que señala: “El TC es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad”.

Lo que se quiere es eliminar el concepto de supremo, con lo que el Congreso sí podría revisar sus fallos. Es decir, se le reducirían las facultades interpretativas que le otorga la ley orgánica al argumentar que eso es competencia del Congreso.

Este debate de fondo —en el cual podrían participar los magistrados del TC— se realizará el lunes, cuando la Comisión de Justicia analice los pros y contras de la propuesta.

Según Velásquez, el debate que se realizará en el Congreso no debilitará al Tribunal Constitucional.

“Este es un debate público, y en democracia los debates no pueden debilitar, más bien fortalecen la institucionalidad […] esto no debe mortificar a nadie. Nosotros hemos expresado una preocupación porque consideramos que, como lo ha dicho el presidente de la República, esta es una decisión [reducir los aranceles] que invade las competencias del jefe del Estado. Eso abre un debate, no una confrontación […]. A eso debemos acostumbrarnos porque nada es pétreo, inamovible. Las propias constituciones vienen haciendo un proceso de adecuación a la realidad porque las cosas van cambiando”.

QUÉ DICE LA LEY
Son atribuciones del TC conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Además, conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento.

Finalmente, conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.