Empresa norteamericana acusada de vender equipos caros a Interior en el 2007 se libró de sanción

Combined Systems no fue sancionada en organismo que ve contrataciones pese a acreditarse que presentaron documentación inexacta. Vendieron pertrechos en gestión de Alva Castro pero contrato fue anulado

Empresa norteamericana acusada de vender equipos caros a Interior en el 2007 se libró de sanción

Un tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) concluyó que no amerita una sanción contra la empresa estadounidense Combined Systems, envuelta en polémica en el 2007 por la venta sobrevalorada de pertrechos antimotines al Ministerio del Interior, por supuestamente presentar documentación falsa para poder participar en las licitaciones.

De acuerdo a la resolución del organismo, aparecida hoy en El Peruano, la compañía no incurrió en irregularidades en el nombramiento de su representante legal en el país, William Marcos Luque.

EL PROCESO
Ante las contradiciones, Consucode demandó anteriormente iniciar las acciones legales correspondientes contra Combined Systems y elevó su queja al Tribunal de Contrataciones del Estado, que se pronunció hoy.

Pues bien, dicho tribunal determinó que, tras constatar en Registros Públicos, Williams Marco Luque no representaba a Combined Sytems, sino a una empresa llamada Cormabu. Pese a ello, liberó a la firma de responsabilidad.

“Al respecto, este Colegiado es de la opinión que la consignación del dato anteriormente aludido en estricto tampoco puede permitir concluir de manera categórica que se trate de información inexacta”, sostiene la resolución firmada por dos integrantes del tribunal, Víctor Rodríguez Buitrón y Juan Carlos Valdivia Huaringa.

SANCIÓN TEMPORAL
En contraposición, el otro integrante del tribunal, Carlos Navas Rondón, opinó que se debe imponer una sanción temporal de nueve meses a Combined Systems para que no puede participar en las licitaciones, toda vez que consideró que hubo voluntad para engañar en los procesos de adjudicación.

Combined Systems vendió equipos antimotines al Ministerio del Interior, durante la gestión de Luis Alva Castro, por US$ 3.22 millones, en un precio aparentemente sobrevalorado. Ese convenio fue anulado tras las críticas, por lo que la empresa inició demandas legales argumentando que todo estaba en regla.