Fiscalía ratificó pedido de 30 años de prisión para Fujimori por homicidios

“Los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta fueron llevados a cabo con una estructura de poder”, indicó José Peláez

El fiscal supremo titular de Perú, José Peláez, ratificó hoy el pedido de 30 años de prisión para el ex presidente peruano Alberto Fujimori por los delitos de homicidio calificado y contra el cuerpo, la vida y la salud, además del pago de 33 millones de dólares en indemnizaciones. "Los hechos de asesinato revisten suma gravedad, y dadas las condiciones del acusado, no existe ninguna circunstancia atenuante", afirmó Peláez al concluir el alegato acusatorio de la fiscalía. El delito de homicidio calificado responde al asesinato, cometido por el grupo militar encubierto Colina, de 15 personas en la zona de Barrios Altos en 1991 y de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en 1992. En tanto que el delito contra el cuerpo, la vida y la salud es por los casos del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, que fueron secuestrados por el Servicio de Inteligencia del Ejército en 1992, después del "autogolpe" de Estado del ex mandatario (1990-2000). El fiscal pidió también al tribunal que le imponga el pago de una indemnización de 100 millones de soles (33 millones de dólares) para las familias de las víctimas y una reparación de 300.000 soles (100.000 dólares) para ambos secuestrados. "Los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros fueron llevados a cabo con una estructura de poder, aprovechando su condición de jefe de Estado", indicó Peláez. De acuerdo a la fiscalía, Fujimori fue presidente de la República y quien detentó el máximo cargo en la "estructura de poder", levantada en forma secreta al interior de su gobierno para combatir el terrorismo con una política paralela a la oficial y en la que se aprobaron ejecuciones extrajudiciales y torturas. "Son delitos sumamente graves que requieren una pena proporcional al nivel de responsabilidad" del acusado, agregó Peláez. El fiscal supremo explicó que los homicidios fueron cometidos por "una pluralidad de agentes", los militares integrantes del grupo encubierto Colina, quienes respondieron a las órdenes de un aparato organizado de poder como instrumentos de un "autor mediato". Precisamente, la "autoría mediata" es la figura legal que la fiscalía aplica a Fujimori por su participación en estos casos y en la que el ex mandatario es presentado como el autor de las órdenes. De otro lado, el fiscal añadió que los secuestros de Gorriti y Dyer fueron planificados y ordenados por Fujimori, en coordinación con su entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Ambos ordenaron a personal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la Policía Nacional que ejecutaran la detención de estas personas. Los secuestros se realizaron después del "autogolpe" que Fujimori dio para modificar la Constitución Política e introducir la reelección presidencial. "Perpetuarse en el poder era una conducta necesaria para poder desarrollar este plan (paralelo de combate al terrorismo)", afirmó el fiscal. Tras concluir hoy la argumentación de la fiscalía, el próximo lunes empezarán a exponer los cinco abogados de la parte civil. Después intervendrá la defensa de Fujimori y finalmente se pronunciará el acusado, mientras que la lectura de la sentencia está prevista para marzo próximo.