Francis Allison movió cuantiosas sumas de dinero en cuentas en el Perú y EE.UU.

El juez del caso señaló que existen indicios suficientes de la existencia de “una organización delictiva (…) que buscaba dar una justificación legal a un ingreso de dinero ilícito presuntamente de actos de corrupción”

(Panamericana Televisión)

La investigación a Francis Allison continúa arrojando datos nada favorables para el ex ministro, ya bastante cuestionado por su vínculo con Business Track y por el lamentable episodio en el que pasó cuatros días en la cárcel en Estados Unidos por no declarar parte de 50 mil dólares retirados en Miami.

Esta vez, el ex alcalde de Magdalena podría ser acusado por el delito de lavado de activos. Y es que el juez Juan Fernández Castillo, de la 58 Fiscalía Provincial Penal de Lima remitió a la Segunda Fiscalía Provincial especializada contra la criminalidad organizada el expediente de la investigación preliminar contra Allison, y encontró indicios suficientes de una organización criminal de lavado de activos.

En la investigación, a la que tuvo acceso el programa “Panorama”, se ha descubierto que el ex ministro poseía distintas cuentas en el país y una en EE.UU., mediante las cuales movía cuantiosas sumas de dinero.

Así, en 2006, Allison depositó en una cuenta local más de 95 mil dólares y otros 10 mil más días después. En aquel momento, ya era alcalde de Magdalena y, según declaró, ganaba 5 mil soles mensuales. En otra de sus cuentas, poseía 103 mil dólares y 49 mil soles, que fueron retiradas apenas días después de que dejó de ser ministro.

Otro dato revelador, entre otros que se detalla en el reportaje, tal como se puede ver en las imágenes, es que existen tres empresas en las que figura Pedro Martín Rosell como socio fundador de Asesores en Finanzas y Negocios Empresariales SAC, Punto de distribución S.A. y la misma Business Track. La segunda también emitió a Allison hasta 11 cheques por 8.100 soles por consultorías legales.

ALLISON AÚN NO HA PODIDO PROBAR SU SUPUESTA ASESORÍA LEGAL A BTR
Según afirmó el congresista Oswaldo Luízar, miembro de la comisión que investigó al político, este nunca pudo comprobar que trabajó para BTR. Es más, esta empresa contaba con una abogada que cubría toda la parte legal y que afirmó que nunca supo nada de Allison. Además, el parlamentario aseguró que el ex burgomaestre se comprometió a entregar documentos que acreditaban su labor, pero que nunca lo hizo.

La comisión congresal también destacó que un años de que Allison percibiera ingresos de BTR, Juan Alberto Abuzabal, un asesor en la agencia de seguridad de la Municipalidad de Magdalena durante la gestión de Allison, recibió 8.500 soles de parte de la misma empresa, durante un año.

La conclusión del juez en la investigación preliminar resulta bastante comprometedora para el ex ministro. “Se trata de una organización delictiva que bajo la fachada de asesorías profesionales por parte de Allison y mediante grupo de empresas vinculadas entre sí (…) buscaban dar una justificación legal a un ingreso de dinero ilícito, presuntamente de actos de corrupción”.


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