García Toma discrepa con Rafael Rey: no cree que exista persecución a militares por parte de organismos de DD.HH.

El ministro de Justicia también precisó que el presidente García no tiene plazo para decidir sobre la solicitud de Lori Berenson

García Toma discrepa con Rafael Rey: no cree que exista persecución a militares por parte de organismos de DD.HH.

Por: Mariella Balbi

¿Cuál es el interés del Ejecutivo de que Lori Berenson deje el país?
No tenemos ningún interés. Cuando salió de prisión se produjo una gran protesta; el alcalde de Miraflores pidió su reubicación. A mí se me ocurrió que la mejor forma de conciliar la legalidad del fallo de la jueza y el malestar ciudadano era la expulsión.

¿Por qué Berenson no puede afrontar el descontento ciudadano?
Esto genera un problema político; hay que brindarle seguridad. El presidente decidirá. Se la puede expulsar vía la conmutación o esperar que el juez falle sobre la apelación a la libertad condicional concedida a Berenson. Lo mejor es la expulsión. Al final se hará ahora o cuando termine su condena en libertad condicional

¿Cómo lo sabe? El juez puede quitarle la libertad condicional y vuelve a prisión.
Que se revoque la medida es una posibilidad, aunque no se puede garantizar. La jueza que le dio la libertad condicional actuó técnicamente, respetando la ley.

Se dice que la evaluación psicológica de Berenson se hizo grupalmente y en seis sesiones. ¿Le parece confiable?
Le explico. En el 2009 se retiraron los beneficios de reducción de pena, de libertad condicional, para los condenados por terrorismo. Pero ella presentó su solicitud un mes antes. Entonces el INPE hace los informes social, jurídico y psicológico.

¿Ud. está de acuerdo con estos informes?
Son muy técnicos: ¿tuvo una buena conducta? Sí, no tiene sanciones. ¿Trabajó? Sí. Y psicológicamente está apta para reinsertarse en la vida grupal. Las evaluaciones son personales. Luego todo esto pasa a un comité técnico penitenciario, donde participa el Ministerio Público. Se entregó a la jueza, y ella decidió. No hay nada que cuestionar.

¿Confía entonces en los funcionarios del INPE?
No tengo razones para cuestionar los informes. Creo que han sido elaborados de buena fe.

¿Cuánto ha presionado el Gobierno Estadounidense en este caso?
He conversado dos veces con la embajada estadounidense. Cuando Berenson estaba por salir nos llamaron para decirnos que en Miraflores había malestar porque se mudaría ahí. Me pidieron dilatar su salida para buscarle un lugar más adecuado. Pero Berenson no aceptó. Luego —como yo planteé su salida del país— pedí a la embajada que consiguieran de Berenson una solicitud de gracia para llegar a la expulsión. Ella la presentó y pidió perdón al pueblo peruano.

¿BERENSON ARREPENTIDA?
¿Por qué no graba un video en que pida disculpas? Tendríamos la seguridad de su arrepentimiento.
Es que el trámite es por escrito y su carta es muy explícita. El presidente puede pedir un video si lo considera necesario.

¿Cree que Berenson está arrepentida?
No sabría decirle, pero por lo menos lo ha escrito de puño y letra. Da la impresión de que sí.

¿No es mejor esperar el fallo del juez a la apelación de su libertad condicional?
Siempre y cuando se mantenga la calma.

¿El presidente tiene todo el tiempo del mundo para decidir?
Sí, no está obligado a nada. Incluso puede guardar la solicitud y no pasa nada.

Los senderistas Osmán Morote, Maritza Garrido Lecca y otros han presentado solicitud de libertad condicional. ¿Se la otorgarán?
Estos pedidos se presentaron antes del Decreto 927 del 2009, que prohibió los beneficios a condenados por terrorismo. Tenemos 34 solicitudes en el INPE y entre ellos están las de Morote y Maritza Garrido Lecca. Tenían informes del INPE saneados. Pero quienes formaron esa comisión dejaron la institución y los reemplazantes consideran pertinente evaluar nuevamente y presentar nuevos informes. No hay plazo perentorio.

¿Esos primeros informes decían que Morote se ha resocializado?
Esa comisión dijo que sí. Pero reitero que todos serán reevaluados. De otro lado, hay otras 17 solicitudes de libertad condicional que están en el Poder Judicial y será el juez quien lo determine. Los informes del INPE indican que pueden reinsertarse en la sociedad. En ese grupo están Margot Liendo, Nancy Gilvonio, Alberto Gálvez Olaechea, entre otros. Entre el 2003 y el 2010 han sido liberadas bajo el Decreto 927, ya derogado, 503 personas. Y tenemos 760 casos de terrorismo en proceso que aún tienen condena.

De los terroristas que han salido, ¿algunos han reincidido?
No conocemos de casos de reincidencia. Es una buena señal.

¿Habrá o no grillete electrónico para terroristas en libertad?
El grillete es para delitos menores. El reglamento de la ley podría indicar su uso para los terroristas que están pidiendo libertad condicional, que son pocos, solo 51.

¿Es un hecho o probabilidad?
La comisión es autónoma. El Ministerio de Justicia recomendará su uso; es casi un hecho. Demorará 30 días en elaborar el reglamento y de ahí pasaríamos a la licitación que hará Pro Inversión. Pero los terroristas que cumplen su condena recuperan todos sus derechos. Lamentablemente en el Perú hay un sector que ni siquiera admite esa posibilidad. Ello es grave y expresa fanatismo.

El Congreso ha otorgado facultades al Ejecutivo para legislar en materia militar policial.
Las facultades delegadas han sido solicitadas por el Ministerio de Defensa…

Los delitos por violación de DD.HH. no tienen beneficios de reducción de pena. ¿Cambiará esto?
Una ley deroga otra ley. Pero esa propuesta no nace del Ministerio de Justicia. Seguramente el Ministerio de Defensa presentará una propuesta en el Consejo de Ministros y se evaluará técnicamente.

¿Le parece saludable que se apliquen beneficios de reducción de pena al personal militar o policial que ha violado los DD.HH.?
Si se han redimido por el trabajo, por supuesto; si tiene un informe psicológico positivo, también. Para mí el beneficio penitenciario es una manera de promover la reintegración del individuo a la sociedad. No se debería excluir a nadie, ni casos de terrorismo ni delitos de lesa humanidad. Ambos son delitos execrables; no pueden ser medidos con varas diferentes. Si a una población penal no se le asegura la “paila”, las visitas ni los beneficios, ese penal se torna ingobernable. Y si a cualquier preso se le quita la posibilidad de resocializarse, estaríamos hablando de muertos en vida. Evidentemente hay que ver la intensidad del delito; a mayor gravedad, más restricciones para los beneficios.

DISCREPA CON REY
El ministro Rey declaró que hay una persecución contra los militares de parte de los organismos de DD.HH. ¿Ud. la percibe?
No creo que exista esa persecución. Tampoco que haya una decisión jurisdiccional para agravarlos en conjunto. Hay demoras condenables y denuncias elaboradas con ligereza, pero no implica una política. También existe demora con los presos comunes.

¿Las normas dadas durante el gobierno de Toledo para subsanar absurdos jurídicos del fujimorismo fueron equivocadas?
No. Creo que fueron hijas de su tiempo. El decreto fue eficaz y resolvió un gran problema jurídico que tuvo el Perú porque la corte interamericana señaló que la legislación antiterrorista de Fujimori no estaba adecuada a la convención. Esto le estalla a Toledo.

¿Era necesario dar beneficios penitenciarios a terroristas?
Era necesario un nuevo marco jurídico. Lo que me sorprende es que la gente de Toledo no defienda su norma. Se han escudado en la corte, en el Tribunal Constitucional, pero la responsabilidad la asumieron ellos, y lo hicieron bien.