Inseguridad ciudadana: Justicia, Fiscalía y Poder Judicial toman medidas

Cambios en el sistema de investigaciones y reducción de beneficios penitenciarios pesan como principales reformas

Inseguridad ciudadana: Justicia, Fiscalía y Poder Judicial toman medidas

En una mesa redonda en RPP, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren el fiscal de la Nación, José Peláez y el presidente del Poder Judicial, César San Martín, dieron varios alcances sobre las medidas que sus respectivas instituciones vienen tomando y coordinando con miras a reducir la inseguridad ciudadana a nivel nacional. Aquí, sus principales reflexiones.

MINISTERIO DE JUSTICIA
El titular de la cartera, Francisco Eguiguren, indicó que en las cárceles no se cumple con la función resocializadora del interno por el hacinamiento, la falta de separación de delincuentes avezados y primarios y porque el ambiente es de promiscuidad y pérdida de valores, donde no hay dignidad humana y en un país con pocas oportunidades de trabajo, los delincuentes liberados “vuelven a lo mismo”.

Además, observó que las cárceles concentran importantes niveles de corrupción desde sus funcionarios, a la luz de las “ínfimas” remuneraciones que recibe el personal penitenciario (indicó que el director de un penal gana S/.1.800). Y aunque afirmó que “no es que el dinero lo haga todo” añadió que se trata de personas que “tienen que verse cara a cara con el delincuente” y que ante las carencias económicas se pueden ver tentados a negociar con estos: “Hay una especie de perversa convivencia de mafias de delincuentes y mafias policías en penales”. Así, refirió que mejorar las condiciones laborales y remunerativas del personal carcelario requiere dinero, también a ser invertido en una mejor formación técnica y apoyo psicológico para ellos.

Por otro lado, felicitó las diversas coordinaciones que vienen gestando con el PJ y la Fiscalía de la Nación en materia normativa y que ello requiere diálogo con la Comisión de Justica del Congreso a fin de concertar propuestas sin perjuicio a quienes ejecutan la estrategia de seguridad ciudadana.

FISCALÍA DE LA NACIÓN
El titular de Ministerio Público, José Peláez, indicó que la institución que lidera, junto con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú viene definiendo un reglamento que establece claramente cuáles son los roles de cada institución a lo largo del desarrollo de una investigación penal. En tal sentido, opinó que ello facilitará enormemente el desempeño de la PNP y la permanente capacitación para funcionarios de estas instituciones, a fin de otorgar una mejor valoración de las pruebas necesarias para iniciar formalmente una investigación.

Por otro lado, también anunció un convenio con el Poder Judicial y la PNP, a fin de afiatar algunos procedimientos que todavía son de difícil entendimiento entre el PJ y la Fiscalía, por “problemas de interpretación”. Explicó que ellos surgen ante la necesidad de establecer que no todos los delincuentes tienen la misma personalidad criminal ni condiciones personales. Precisó sobre ello que con muchos delincuentes avezados no se puede tener las mismas garantías de que no se reincidirá en el crimen que con quienes se ven accidentalmente comprometidos con un delito. Asimismo, resaltó la necesidad de aplicar drásticamente las penas carcelarias y no conceder beneficios para delincuentes violentos, que operen con armas de fuego y atenten contra la vida de los ciudadanos, a fin de que no puedan reducir su pena.

PODER JUDICIAL
El presidente del Poder Judicial, César San Martín, indicó que en la lucha diaria contra la delincuencia se precisa de la honestidad de los investigadores (policías y fiscales) y la determinación de protocolos de acción que eviten estériles confrontaciones.

Asimismo, indicó que una comisión especial de funcionarios del PJ viene definiendo lineamientos puntuales en esta lucha y como punto fundamental de la misma están las excarcelaciones y en el terreno judicial los procedimientos penitenciarios “que se dan sin racionalidad ni comprensión de la medición de las penas”. Corregir la situación requiere cambios normativos y para ello se trabaja actualmente de la mano con el Minjus y el Congreso de la República. Y el acabar con “la lógica del automatismo” en el otorgamiento de beneficios penitenciaros, pues, dijo, se dan si el interno “cumple determinadas regulaciones”, a pesar de que la ley indica que estos serán concedidos en función a la naturaleza del delito cometido, la personalidad del delincuente y su conducta en la cárcel, factores que permitan suponer que no se cometerá un nuevo delito”. Aunque no está de acuerdo con suprimir en absoluto los beneficios penitenciarios, explicó que hay delitos que expresan una racionalidad delictiva y que exigen que se cumpla plenamente la pena y que en tal sentido es alarmante que en referencia a la delincuencia violenta patrimonial los criminales liberados vuelven a delinquir en un 70%, lo que indica “una prognosis del juez incorrecta”.

Para frenar los delitos violentos, San Martín indicó que importa invertir en formación del personal de la administración judicial, en el tema de la valoración de la evidencia e interpretación de la norma de aplicación de las penas y excarcelaciones.

También indicó que son necesarios mecanismos de juicio rápido efectivos y que ellos están disponibles en los distritos judiciales en donde ya se implementó el nuevo Código Procesal Penal. Al respecto, indicó que la PNP ha ganado con el nuevo código, pero que de acuerdo al actual sistema de investigación, si no se considera consistente la evidencia disponible, no se puede iniciar procedimiento.