Mensaje presidencial 2012: sentenciados por corrupción no volverían a ocupar cargos públicos

El mandatario indicó que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley “para que ningún corrupto vuelva a infiltrarse en el Estado”

Mensaje presidencial 2012: sentenciados por corrupción no volverían a ocupar cargos públicos

El presidente Ollanta Humala indicó hoy que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para que “ningún corrupto vuelva a infiltrarse en el Estado o acceda a un cargo público”. Durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, resaltó que la Procuraduría Anticorrupción haya iniciado acciones de embargo contra los sentenciados por este delito que aún no pagan la reparación civil que le deben al Estado.

Humala Tasso también sostuvo que la corrupción “que enfrentamos hoy está extendida desde el ámbito privado que busca contaminar las adquisiciones contando con la complicidad de malos funcionarios en todos los niveles del Gobierno”.

“Por ello quiero dirigirme a todos los funcionarios del país para que me acompañen a limpiar el Estado, para que me ayuden a que las malas autoridades, sea quien sea, no trabajen más en la administración estatal (…) Denuncien los casos de corrupción, yo estaré con ustedes y el Estado los protegerá. Acabemos de una vez con este mal que nos afecta”, dijo.

Durante su alocución en el hemiciclo del Congreso, mencionó que el Poder Ejecutivo ya ha adoptado una serie de medidas contra este flagelo, como los recientes cambios a la Ley de Contrataciones, a fin de que los procesos de adquisiciones cuenten con mayor seguridad en el ámbito de la probidad, y sean más transparentes y eficientes.

JUSTICIA SOCIAL Y DD.HH.
En relación a la justicia social y derechos humanos, el mandatario destacó la promulgación de la ley de consulta previa a los pueblos originarios. “Mi Gobierno tiene una gran expectativa de cómo esta ley cambiara el escenario del diálogo en el país a efecto de escuchar a quienes nunca fueron escuchados”, añadió.

El jefe de estado hizo referencia al “fortalecimiento” de la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con “especial énfasis en el Caso Chavín de Huántar.