"No se está procesando a ningún comando Chavín de Huántar"

Así lo aseguró el ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien dijo que la denuncia es contra el Estado por no investigar las presuntas violaciones a los DD.HH. que recibió la Comisión

CARLOS ZANABRIA
Corresponsal de Arequipa

El ministro de Justicia, Juan Jiménez, dijo en Arequipa que ningún comando Chavín de Huántar será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues es el Estado Peruano el que fue denunciado, supuestamente por no investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos que recibió la Comisión Interamericana (CIDH).

“La Corte IDH no es una corte penal, plantea una contienda para achacar responsabilidades al Estado, de tal manera que no se está procesando a ningún comando ni a ninguna persona vinculada a las Fuerzas Armadas”, declaró en la Ciudad Blanca.

Sostuvo que se llegó a este punto por la forma equivocada como se manejaron las denuncias. Además, porque el Poder Judicial, debido a su acostumbrada lentitud, no concluyó con el proceso abierto para el caso de Chavín de Huántar. “Si el Poder Judicial emitía sus fallos en los plazos prudentes, la CIDH no hubiera pasado este caso a la Corte”, agregó.

Añadió que el Perú, junto con otros países, presentará un pedido para que la Corte Interamericana no pueda intervenir en procesos abiertos en los países miembros.

Jiménez dijo además que el Gobierno se defenderá ante la Corte y no permitirá que ningún comando sea llevado a un tribunal internacional. Lamentó que en los gobiernos anteriores no se le diera importancia a estos temas.

NO MÁS PERMISOS
El ministro dijo que se estudia una modificación a la actual legislación para evitar que sentenciados por terrorismo puedan obtener su libertad al cumplir una parte de su sentencia. Dijo que se establecerá un mecanismo para evaluar si lograron reinsertarse a la sociedad o continúan siendo un riesgo. Esta modificación deberá ser aplicada a todos los expedientes en trámite.

Señaló que aunque a muchos no les guste hay sentenciados por terrorismo que están por cumplir sus condenas y saldrán en libertad cuando esto ocurra, sin que el gobierno pueda evitarlo pues se debe respetar la legislación actual.