Penas para 'chuponeo' son insuficientes y desfasadas

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, sugiere incrementar penalidad para este tipo de delitos. Especialistas saludan la medida pero la consideran coyuntural

Dos días después de que se descubriera a los presuntos integrantes de una organización que habría interceptado los teléfonos del ex ministro aprista Rómulo León y del ex directivo de Perú-Petro Alberto Quimper --el cual dio origen al escándalo de los 'petroaudios'--, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, consideró que el actual Código Penal es insuficiente para sancionar severamente a los responsables del delito de interceptación de las comunicaciones y sugirió incrementar las penas. El artículo 162 del Código Penal contempla una pena no menor de un año ni mayor de tres de cárcel, pero se eleva de tres a cinco años si el agente infractor es funcionario público. Fernández precisó que ese artículo está desfasado porque solamente se define como delito a los actos de interceptación o interferencia telefónica, y se olvida que en la actualidad el avance tecnológico permite 'chuponear' todo tipo de comunicaciones, desde el correo electrónico hasta una conversación cara a cara. Asimismo, consideró indispensable establecer los mecanismos legales que permitan sancionar no solo el acto de la interceptación de las comunicaciones, sino también su comercialización. Es decir, sancionar a las personas que pagan por ese servicio ilícito. MODIFICACIÓN URGENTE Al respecto, Fernández anunció que propondrá a la Comisión Revisora del Código Penal del Congreso que considere esa modificación. El presidente de ese grupo de trabajo, Carlos Torres Caro (no agrupado), se mostró de acuerdo con el pedido de la ministra Fernández y dijo que el tema ya está siendo evaluado junto con los demás parlamentarios de su comisión. MEDIDA COYUNTURAL En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren (UN), también saludó la propuesta de Fernández y sugirió que la pena no fuera menor de cinco años. Sin embargo, pidió "no tener una visión simplona y responder únicamente de forma coyuntural o circunstancial", por lo que recomendó que también se revisen otros aspectos del Código Penal en esta materia, como por ejemplo si está permitido importar equipos de interceptación telefónica y regular la responsabilidad del Estado en este asunto. Por su parte, el congresista aprista Luis Gonzales Posada adelantó que presentará un proyecto de ley para doblar las penas por el delito de interceptación telefónica a fin de que se sancione tanto a privados como a funcionarios estatales. El penalista Mario Amoretti también se mostró a favor de la propuesta, aunque señaló que esta debió haberse hecho hace mucho tiempo y no a raíz de los últimos acontecimientos. Él sugirió que la sanción debería ser de entre tres y seis años de cárcel. Sin embargo, precisó que la nueva pena no podría ser aplicada a quienes actualmente son juzgados por estos delitos, sino que habría que esperar hasta un día después de la promulgación de la norma, lo cual tomaría meses. Amoretti señaló que el Perú es uno de los países con sanciones más bajas para casos de interceptación de comunicaciones, pues otras naciones lo castigan hasta con seis años de cárcel. SEPA MÁS - Según fuentes del Ministerio Público, por la abundancia de la información hallada en los discos duros incautados a Business Track S.A.C. (BTS), se pediría una ampliación de cinco días adicionales a la investigación, a fin de sistematizar la información por antigüedad, identidad de los clientes y tipos de trabajo que la empresa hacía. - Representantes de Petro-Tech, principal competidor de Discover Petroleum, involucrada en los 'petroaudios', reconocieron en RPP haber contratado a BTS, pero para una auditoría de sus servidores de cómputo.