Piden a Humala observar ley que castiga con cárcel difusión de audios ‘chuponeados’

El Instituto de Prensa y Sociedad afirma que esta norma “impracticable”, “limita claramente la libertad de informar”

Piden a Humala observar ley que castiga con cárcel difusión de audios ‘chuponeados’

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) le solicita al presidente Ollanta Humala, a través de un comunicado, que observe la ley que castiga con entre dos y cuatro años de cárcel efectiva a los difusores de interceptaciones telefónicas, norma que fue aprobada el jueves por el pleno del Congreso.

Esta iniciativa, que debe ser promulgada u observada por el Ejecutivo, solo exceptúa de responsabilidad a las personas o medios que divulguen comunicaciones ‘chuponeadas’ que tuvieran contenido “delictivos de interés público o nacional o que contravenga el ordenamiento legal vigente”.

En el documento dirigido a Humala Tasso, el IPYS califica esta ley como “una iniciativa impracticable y contradictoria, que limita claramente la libertad de informar”.

Señala que es impracticable que el periodismo “haga un estudio jurídico antes de dar cuenta de hecho de interés público para determinar si son delictivos o ilegales”, porque ello es tarea del Poder Judicial y no de la prensa.

El IPYS indica que si existe información de interés público debe ser puesta en conocimiento de la opinión pública pese a que haya sido obtenida de manera ilegal. “Lo contrario implicaría privar a la colectividad de conocer hechos relevantes que permitan formar una opinión plural y libre, base de toda sociedad democrática y sustento de todo estado de derecho que se respete”, agrega.

LIMITA LA LIBERTAD DE INFORMAR
La institución argumenta que la iniciativa para encarcelar a quienes difundan comunicaciones interceptadas de manera ilegal “limita considerablemente la libertad de informar”.

Puso como ejemplo que estos audios pueden revelar las contradicciones entre el discurso público y privado de un gobernante en asuntos de alto interés nacional o permitir la identificación de los autores de una campaña de difamación anónima contra políticos de oposición al gobierno.

El IPYS sostiene que estos dos casos no son delito ni contravienen el orden legal de los establecido, además, señala que si bien la modificación al Código Penal es para proteger el derecho al secreto e inviolabilidad de la comunicaciones, los medios utilizados “no son compatibles con la libertad de expresión”.

“En tal sentido, en el marco de su reiterada posición pública en defensa de la libertad de expresión, el IPYS exhorta al Presidente de la República a observar la autógrafa que con los desatinos señalados remitió el Congreso”, acota el comunicado.