Proyecto del Ejecutivo sobre chuponeo ayudará a la corrupción, sostuvo Albán

Ex defensor del Pueblo señaló que el proyecto no funcionaría porque representa una amenaza contra la prensa

El proyecto de ley del Ejecutivo que introduce modificaciones al delito de interceptación telefónica (art. 162 del Código Penal) e incorpora agravantes será una norma que en la práctica favorecerá a la corrupción y amenazará a los periodistas que difundan información que se derive de estos procedimientos, afirmó hoy el ex defensor del Pueblo, Walter Albán. "Nadie pone en cuestión que se sancione a los 'chuponeadores', pero si por alguna razón, (existe) información que tiene una trascendencia (y) exige su difusión, eso ya es un tema ético (...) pero de ninguna manera esto debe estar bajo la espada de Damocles con una eventual sanción penal. Eso sería un daño para los comunicadores o cualquier persona que pueda difundir algo que parece importante que la ciudadanía conozca", expresó en diálogo con Ideeleradio. Ell ex defensor del Pueblo mencionó que la iniciativa es un proyecto 'poco feliz' y mostró sus dudas en torno a la posibilidad de que en algún momento se apruebe en el Congreso, porque varios legisladores ya están expresando sus discrepancias. Señaló que el proyecto no funcionaría de manera correcta y eficiente en función del propósito que se persigue porque representa una amenaza contra la prensa. Hoy en la mañana la ministra de Justicia, Rosario Fernández, admitió hoy que el mencionado proyecto de ley del Ejecutivo podría cambiarse en la parte donde se señala que irían a la cárcel quienes 'reproducen' los registros de la información obtenidos ilícitamente. Varios miembros del Ejecutivo han señalado que la norma ha sido malentendida y que lo más importante de la iniciativa del Gobierno se encuentra en el castigo de la comercialización de la interceptación de las comunicaciones obtenidas de forma ilícita. "Estamos penalizando la conducta de la mafia que comercializa esos videos o esos audios o esos denominados chuponeos", indicó hoy la ministra Rosario Fernández. "El propósito de la norma es ese y ningún otro. Por eso es necesario que cuando se revise la norma se lea el párrafo de principio a fin", añadió. La iniciativa legal surge luego que el gobierno enfrentó en octubre pasado un escándalo por la difusión, a través de la prensa, de cintas de audio con conversaciones telefónicas privadas que pusieron en evidencia la existencia de presuntos arreglos en el proceso de licitación de lotes petroleros. El escándalo desató una crisis política que condujo a la renuncia del anterior gabinete ministerial presidido por el aprista Jorge del Castillo.