Titular de Justicia admite que el proyecto sobre 'chuponeo' puede ser mejorado

Rosario Fernández anunció que podría eliminarse la posibilidad de penar con cárcel a quien ‘reproduzca’ comunicaciones obtenidas ilíticitamente

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, admitió hoy que el proyecto de ley del Ejecutivo que introduce dos modificaciones al delito de interceptación telefónica (art. 162 del Código Penal) podría cambiarse en la parte donde se señala que iría a la cárcel quien 'reproduce' los registros de la información obtenida ilícitamente. "Precisamente este término (reproduce) puede ser sustituido o eliminado porque podría resultar inclusive innecesario dado que lo que se quiere es penalizar la actividad mafiosa de quienes lucran con la información", explicó en un intermedio de la reunión del Consejo de Ministros que se realiza en Palacio de Gobierno. La penalidad para quienes reproduzcan comunicaciones ilícitas ha sido considerada por el Consejo de la Prensa Peruana -- una asociación civil fundada en 1997 por los principales medios de la prensa escrita del país-- como una forma de limitar el periodismo y como una manera de afectar la libertad de prensa. "A mí me parece que el proyecto de ley es una barbaridad completa... Si el material tiene que ver con un asunto público y de relevancia pública es absolutamente legítimo (difundirlo)", dijo ayer martes Enrique Zileri, ex director de la revista Caretas. Al igual que lo señalado en los últimos dos días por otros miembros del Ejecutivo como el primer ministro, Yehude Simon y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; la titular de Justicia sostuvo que lo más importante de la iniciativa del Ejecutivo se encontraba en el castigo con pena de cárcel de la comercialización de la interceptación de las comunicaciones obtenidas de forma ilícita. "Estamos penalizando la conducta de la mafia que comercializa esos videos o esos audios o esos denominados chuponeos", indicó hoy Rosario Fernández. "El propósito de la norma es ese y ningún otro. Por eso es necesario que cuando se revise la norma se lea el párrafo de principio a fin", añadió. La iniciativa legal surge luego que el gobierno enfrentó en octubre pasado un escándalo por la difusión, a través de la prensa, de cintas de audio con conversaciones telefónicas privadas que pusieron en evidencia la existencia de presuntos arreglos en el proceso de licitación de lotes petroleros. El escándalo desató una crisis política que condujo a la renuncia del anterior gabinete ministerial presidido por el aprista Jorge del Castillo.