¿Es válido el recurso presentado ante la CIDH contra proceso de revocación a Villarán?

Según el ex procurador Ronald Gamarra, la petición hecha por Juan Corrales Ramírez tiene una seria limitación. El costarricense negó trasfondo político en acción

¿Es válido el recurso presentado ante la CIDH contra proceso de revocación a Villarán?

SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07
Redacción Online

El abogado costarricense Juan Corrales Ramírez presentó el sábado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un recurso que, según sus palabras, podría afectar el proceso de revocación contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Sin embargo, un error en la petición dejaría sin piso su solicitud.

Consultado por elcomercio.pe, el ex procurador Ronald Gamarra explicó que el recurso presentado por el costarricense tiene “una seria limitación” de fondo.

Recordemos que Corrales Ramírez señaló que el artículo 30 de la Ley 26300- que estable que las autoridades removidas están impedidas de ejercer el mismo cargo en cinco años- viola lo dispuesto por la Convención Americana en su artículo 23, que indica que “solo vía sentencia de juez penal una persona puede ser inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos”.

Aquí, sostuvo Gamarra, parte el error, porque remoción no es sinónimo de revocación. “La primera funciona respecto de autoridades designadas (nombradas a dedo) mientras que la otra aplica a los elegidos mediante voto popular (alcaldes, regidores, autoridades regionales y magistrados elegidos)”, precisa.

En esa línea, cuando Corrales Ramírez cita el artículo 30 a Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos en su petición ante la CIDH, se refiere al mecanismo de remoción de autoridades y no a la revocación. “Por lo tanto, no es aplicable al caso iniciado en contra de Villarán y los regidores del Concejo Metropolitano”, afirmó el ex procurador.

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA REVOCACIÓN?
El artículo 29 de la referida norma, detalló el ex abogado del Estado, indica que la autoridad edilicia revocada está impedida de postular en las elecciones complementarias originadas en precedente proceso de revocación, en el que se hubiese destituido a más de un tercio del Concejo Municipal.

“Ahora bien, como las elecciones a convocarse tienen por objeto y finalidad elegir nuevas autoridades que, reemplazando a los revocados, ‘completan el período para el que fueron elegidos éstos’, resulta totalmente racional, lógico y democrático, limitar la participación de los inmediatamente destituidos en el proceso electoral a llevarse a cabo”, dijo.

“Evidentemente, las autoridades sobre los que recayó la revocatoria conservan su derecho político pasivo, por lo que podrán presentarse en las contiendas electorales municipales subsiguientes, o inmediatamente en cualquier elección de carácter regional o nacional. (…) En suma, el artículo 29 de la Ley 26300 no pone en cuestión los derechos políticos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos”, acotó.

NEGÓ TRASFONDO POLÍTICO
Por parte, Corrales indicó que la petición que presentó ante la CIDH puede ser ampliada y que tomará en cuenta el artículo 29 de la Ley 26300, porque para él este punto atenta contra lo establecido en la Convención Americana. “La inhabilitación política para postular solo se da tras una sentencia condenatoria en la vía penal”, agregó.

En comunicación con elcomercio.pe, el abogado costarricense reiteró que no pertenece a ningún partido político y que no tiene vínculo alguno con los revocadores tras los cuestionamientos hechos por Fuerza Social a su pedido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“No pertenezco a ningún partido ni organización relacionada con el tema de la revocación. La Convención Americana, además, establece que las peticiones ante el sistema interamericano las puede presentar cualquier personas (…) Si lo hice fue por un interés jurídico y esto no forma parte de un psicosocial”, concluyó.