(Editorial) Abriendo las puertas

Para mejorar nuestro sistema portuario es necesario continuar concesionando la administración de los puertos

(Editorial) Abriendo las puertas

Recientemente, la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu le envió una carta al presidente Humala, en la que expresaba su preocupación por la grave situación de los puertos públicos, pues esta perjudicaría, entre otros, al comercio exterior y al patrimonio de todos los peruanos. En la misiva los trabajadores también sostenían que los problemas del sistema portuario se agudizaron con la concesión de Paita y del Callao y con la amenaza de concesionar Ilo y Salaverry sin estudios de factibilidad.

Los trabajadores tienen razón en una cosa: los puertos bajo la administración de Enapu atraviesan una gravísima situación. En el 2011 esta empresa tuvo pérdidas por S/.41,8 millones y el año pasado estas sumaron S/.31,6 millones. El año 2013, por su lado, no se perfila diferente: actualmente 9 de los 11 puertos de Enapu son deficitarios. El mal manejo económico de la institución se ha visto, como es lógico, traducido en un mal manejo de sus puertos; no en vano, según el Índice Global de Competitividad, nuestro país ocupa el puesto 111 de 144 en calidad de puertos.

En lo que no tienen razón los trabajadores, sin embargo, es en que las concesiones sean una amenaza para el sistema portuario. Veamos, por citar un ejemplo que ellos mencionan, el caso del Muelle Sur, en el Callao. Luego de ser concesionado, una inversión de más de US$400 millones en obras, dragado y compras de grúas ha permitido que la atención de los barcos que antes demoraba cuatro días en promedio demore ahora 12 horas.

También es interesante mencionar, por citar otro caso, que la empresa que recibió la concesión de Matarani invirtió US$40 millones en infraestructura, aumentando el flujo anual con el que recibió el puerto de un millón de toneladas a casi cuatro millones. Y hace poco se anunció que en el concesionado Muelle Norte se realizará una inversión de US$217 millones en infraestructura, lo que se proyecta duplicará la capacidad del puerto.

¿Por qué entonces un grupo de los trabajadores de Enapu quiere hacer creer al público que los puertos concesionados funcionan mal? ¿Tendrá algo que ver con que dicho grupo sabe que un privado no tendría la generosidad que hoy sí tiene el Estado de mantener a una burocracia que opera la empresa a pérdida?

En todo caso, lo que no deberíamos perder de vista es cuál es el modelo que funciona y cuál el que ha fracasado. Así las cosas, solo puede ser una buena noticia que, dentro de los proyectos de Pro Inversión, figure otorgar en concesión los puertos de Salaverry, Pucallpa y San Juan de Marcona. En esa línea, también es beneficioso para el país que se haya anunciado que este año la concesión del puerto General San Martín, en Pisco, recibirá la buena pro (no es tan buena noticia, en cambio, que esto que se esperaba para el tercer trimestre del año haya sido pospuesto al cuarto trimestre).

Esperamos, además, que igual suerte corra el puerto de Chimbote. Desde el mes pasado, este puerto pasó de las manos de Enapu a las del Gobierno Regional de Áncash (que actualmente corre con costos que, de acuerdo al presidente de esa región, ascienden a S/.300.000 mensuales). Según ha señalado la autoridad portuaria ancashina, será recién en diciembre que se verá quién invierta los US$300 millones que se estima serán necesarios para su modernización.

Si queremos que nuestros puertos sean realmente competitivos, hay que ponerles las pilas a los procesos de concesión. No olvidemos que, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, todavía estamos muy lejos de estar cerca de varios de nuestros vecinos en este respecto. En el Reporte de Competitividad Global antes citado, Ecuador, por ejemplo, ocupa el puesto 88; Chile el 34; por no hablar de Panamá, que ocupa el puesto 4.

Cerrarle las puertas a las concesiones portuarias no solo afectaría a los inversionistas privados. Dañaría, además, a los miles de trabajadores y comerciantes que viven de la exportación e importación, así como a todos los consumidores que se benefician de tener más productos a su alcance. Qué injusto sería que, por proteger a un pequeño grupo de interés, dichas puertas fuesen clausuradas.