Editorial: acertado archivamiento de proyecto confiscatorio

Peligroso proyecto pretendía interferir en la marcha de las empresas privadas al proponer el canje obligatorio de las acciones de inversión (antes laborales) por acciones comunes

Con buen criterio, la mayoría de la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de la República decidió archivar el peligroso proyecto de ley que pretendía interferir en la marcha de las empresas privadas al proponer el canje obligatorio de las acciones de inversión (antes laborales) por acciones comunes, con voz y voto.

Se ha puesto coto, así, a una intervención intolerable e inaudita en nuestro país —desde tiempos de la dictadura militar socialista— a la propiedad privada y la libre empresa.

En el debate algunos parlamentarios compararon el proyecto presentado por el humalismo con los exabruptos expropiatorios del régimen militar velasquista, ya que la ley buscaba modificar los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 28739 (que promueve el canje o redención de las acciones de inversión) para, como hemos dicho, darle carácter obligatorio.

Debemos recordar que, junto con la protección de la vida y la integridad de la persona, nuestro ordenamiento constitucional concede alta prioridad al respeto a la libertad de conciencia y de expresión y al derecho de propiedad.

Como lo subrayó el congresista Víctor Andrés García Belaunde, la doctrina y la praxis económica señalan que las acciones de inversión “no han sido adquiridas […] con la intención de querer ser socio y dueño de la empresa”, sino que fueron entregadas por reforma laboral del velascato a cambio de nada y hoy la mayoría está en manos, no de los trabajadores a los que se pretendió beneficiar con esa medida equívoca hace más de cuatro décadas, sino que en el mejor de los casos están en poder de inversionistas, cuando no de simples especuladores.

Por todo ello no se puede entender la intencionalidad última de una iniciativa que sería un retroceso, de carácter cuasi confiscatorio, además de dar una mala señal a los inversionistas y a la dinámica de la actividad privada. Menos justificable aun si se considera que no beneficiaría de ninguna manera a quienes supuestamente se pretendería apoyar, es decir a los trabajadores.

Cabe por ello preguntarse qué hay detrás de todo esto. De primera intención, podemos colegir que la malhadada iniciativa solo podría obedecer a la defensa de intereses ajenos, motivaciones ideológicas, inquina politiquera o crudo populismo electorero de cara a los próximos comicios.

De cualquier modo es más que positivo y saludable para el clima político y la estabilidad jurídica y económica del país que se haya archivado dicho proyecto en el Congreso. Debemos, sin embargo, permanecer alertas para denunciar cualquier desviación confiscatoria por parte de agrupaciones radicalmente ideologizadas o de políticos irresponsables u oportunistas.