(Editorial) Agua para el mar

De poco sirve el agua sin la infraestructura para almacenarla y hacerla llegar a las personas que la necesitan

Anunciando que incorporará el agua a la Constitución como un derecho fundamental, el presidente Humala ha dado un gran paso hacia ninguna parte. No es el caso, naturalmente, que alguien que no tenga agua vaya a poder demandar al Estado para acceder a ella luego de esta incorporación. Ni tampoco que el Estado vaya a tener más recursos para hacer que el agua llegue a todos: sus ingresos van a seguir siendo los mismos y él va a seguir siendo, como lo es hoy, el único dueño de todas las fuentes de agua naturales (ríos, lagunas, manantiales y demás).

En otras palabras, el plan del presidente es pura demagogia. El agua sola –digamos, los dos billones de metros cúbicos que posee anualmente el Perú– no sirve para nada si no existe la infraestructura (reservorios, represas, tuberías, plantas de tratamiento, bocatomas, etc.) para almacenarla y hacerla llegar a las personas que la necesitan. Mientras no haya incentivos que promuevan esta inversión, declarar constitucionalmente que todos tenemos derecho al agua es lanzar un fuego artificial: algo que deslumbra por un momento pero que prontamente cae, ya quemado y apagado, sobre la dura tierra. El presidente nos está garantizando el derecho a vivir en el último piso de un edificio que ni siquiera se ha empezado a construir.

Es verdad que se dice que sí existen los incentivos de los que hablamos porque a quien corresponde construir la infraestructura hídrica es al Estado, y este tiene motivos para mejorar la calidad de vida de su población. Pero también es verdad que en esa apuesta llevamos ya cuatro décadas (desde que Velasco dio al Estado el monopolio de la venta del agua), y los resultados son los que ya conocemos: siendo el Perú uno de los 20 países con más agua del mundo, tenemos escasez de agua porque, como lo ha recogido la FAO, no podemos aprovechar el 99% de la que tenemos, que va a parar al mar. En el caso concreto del agua potable, por su parte, tenemos una empresa estatal, Sedapal, que pierde el 40% de su agua anualmente(y que solo entre 1994 y el 2006 subió sus tarifas en 47%, mientras que las empresas privatizadas de electricidad y telefonía bajaban las suyas).

El problema con los gestos demagógicos como el que comentamos no es solo que no logran lo que prometen –en nuestro caso, que haya más agua aprovechable. Es también, y sobre todo, que dan una idea falsa de la realidad, haciendo que se vuelva más difícil lograrlo alguna vez. Así, cuando el presidente dice que va a hacer que la Constitución reconozca el agua como un derecho fundamental, da la impresión de que el agua es algo que está ‘ahí’, listo para ser aprovechado por cualquiera, en lugar de un recurso que, a fin de poder ser utilizado, tiene antes que ser ‘producido’ con inversión e infraestructura. Y esta impresión, naturalmente, solo ayuda a perennizar la actual situación de monopolio estatal sobre el agua y de escasez para quienes la necesitan.

La receta para solucionar el problema del agua es bastante clara. Como ya hemos sostenido antes, en el caso del agua potable hay que privatizar la provisión para garantizar la cobertura,y en el caso del agua no potable se necesita modificar la Ley de Recursos Hídricos a fin de que los privados que compran derechos de uso de agua al Estado puedan revenderla y tener por tanto razones para invertir en infraestructura. Esta última les permitiría ahorrar parte del agua a la que tienen derecho y distribuirla a terceros que hoy no tienen acceso a ella.

Oponerse a esto diciendo que con el agua no se puede hacer negocio es desinformación o hipocresía: hoy gran parte de la población de los sectores con menos recursos tiene que comprar el agua a camiones-cisterna a precio de mercado negro o contentarse con tener agua solo cuando llueve.

Ya no somos tribus nómades buscando asentarse cerca de ríos. Los recursos naturales necesitan inversión eficiente e infraestructura para poder ser aprovechados de manera sostenible por muchas personas, y esta inversión es un costo que alguien tiene que asumir y saber ejecutar. Mientras pensemos, en fin, que un derecho demagógico va a hacer que en cada casa y hectárea del Perú aparezca un brote de agua, la dulce promesa del agua para todos seguirá concretándose en la cruda realidad del agua para el mar.


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