(Editorial) Amnesia selectiva

El Gobierno hizo bien en no ceder a las presiones políticas sobre Conga pero falló al exigir más allá de lo que prevé la ley

El viernes pasado, a través de un discurso televisado, el presidente Humala comunicó al país que el proyecto minero Conga sí se realizaría, aunque sujeto a que se adecue a una serie de condiciones dispuestas por el Ejecutivo. El peritaje del EIA desmontó la excusa de que este proyecto era inviable por razones ambientales, pues concluyó que “reúne todas las condiciones técnicas exigibles para su aprobación” (sus recomendaciones son solo sugerencias de mejora). Frente a la prueba de que los eventuales daños que genere el proyecto son controlables, varios de los opositores que decían defender la causa ambientalista se han dividido en dos grupos que hoy actúan con estrategias distintas pero comparten una misma afición: la hipocresía.

El primero es el de aquellos que, diligentemente, trabajaron en buscar una excusa novedosa. Gregorio Santos, por ejemplo, hoy declara que esta es una “lucha política” por un “cambio del modelo económico”. Curioso caso de amnesia selectiva el del presidente regional. Alguien debería recordarle que la marcha que organizó hace poco era “por el agua” y que la ordenanza que firmó declarando inviable el proyecto minero señalaba expresamente que buscaba “la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca”. Pero como lo que se agotó fue la excusa y no el agua, apostó por cambiar de discurso. Como cuando se trata de sus objetivos políticos la bandera verde es para él desechable, simplemente sacó otra bandera de un nuevo color.

El segundo grupo es el de aquellos quienes, por pereza o frescura, no se molestaron ni siquiera en buscar una nueva bandera y hoy se oponen sin dar explicaciones. Son quienes piensan que, cuando se acaban las razones, siempre se puede recurrir a la pataleta para conseguir objetivos ideológicos. El ex emerretista Saavedra, por ejemplo, ha señalado que hay que “impulsar una protesta de carácter regional indefinida”. El congresista Rimarachín, por su parte, amenazó con que la población “sabrá qué hacer”. Y el señor Arana, ahora sin fundamentos, continúa repitiendo que debe declararse inviable el proyecto.

Las estrategias de ambos grupos, eso sí, coinciden en lo hipócrita. Poco les importó abusar de la protección al medio ambiente como coartada para forzar al gobierno a desconocer el Estado de Derecho y sentarse a negociar leyes a su medida. El agua, como ha quedado demostrado, para ellos nunca fue más que el caballo de Troya en el que se escondía la ideología antiinversión que los peruanos decidimos, en las urnas, dejar afuera.

Por todo esto el presidente Humala actuó correctamente, una vez que se verificó que el EIA estuvo bien realizado, en no ceder a las amenazas de quienes vienen tratando de obtener sus objetivos políticos por la fuerza, violando la ley y arriesgando en el camino una de las inversiones más grandes del país. Una pena, empero, que esta muestra de coraje no haya sido acompañada de un estricto respeto por el Estado de Derecho.

El presidente decidió sujetar la viabilidad del proyecto al cumplimiento de una serie de condiciones que no están estipuladas en ley alguna, como cuadruplicar la capacidad de almacenamiento de los reservorios, constituir un fondo social para el desarrollo de la zona, ejecutar proyectos de forestación o crear más de 10 mil puestos de trabajo directos. Ollanta Humala pasó por encima de la voluntad de los peruanos, recogida por la Constitución, de que solo se nos pueda exigir aquello que establece el Congreso de manera predeterminada a través de una norma.

Así, resulta que el Gobierno también sufre de amnesia selectiva, probablemente causada por el populista deseo de quedar bien con todo el mundo. Por un lado, valientemente, se ha enfrentado a un grupo de hipócritas que solo han usado la excusa ecológica para ajustar las normas a la medida de su ideología. Pero, luego, al plantear nuevas exigencias imprevistas a la empresa, se olvidó del Estado de Derecho que acababa de defender y desconoció la única garantía de que el gobierno siempre nos va a tratar a todos por igual y no según lo que dicta la discreción del gobernante: la ley.