(Editorial) Anfitrionas estatales S.A.

La actividad empresarial del Estado desperdicia importantes recursos públicos

(Editorial) Anfitrionas estatales S.A.

En un reciente editorial calificamos de vergonzosa la actitud del gobierno de querer arriesgar el dinero de todos los peruanos en el negocio grifero cuando no es capaz de brindarnos servicios decentes de seguridad, educación, infraestructura o salud. Un gobierno decente, dijimos, no compromete recursos públicos en aventuras empresariales cuando dichos recursos escasean para efectos de cumplir sus actividades básicas, ni tampoco se entrega y concentra en nuevas labores si falla realizando las más elementales.

La inconstitucional e irresponsable aventura grifera, afortunadamente, murió antes de empezar. Pero el debate que inició debería llevar al Congreso a reflexionar sobre qué medidas se pueden adoptar para que el Ejecutivo deje de jugar al Estado empresario y se concentre en atender sus verdaderas prioridades. Y es que el caso de la intención de que Petro-Perú incursione en el mercado de los grifos es solo uno entre varios ejemplos de cómo el Estado se mete donde no le corresponde.

Basta revisar las páginas web de algunas empresas estatales para confirmar esto: si alguien quiere imprimir afiches, separatas, folletos o dípticos, por ejemplo, puede acudir a la estatal Segraf (la cual, de hecho, imprimía la revista de farándula “People OK”). Asimismo, si se desea contratar un guardaespaldas privado (con lo irónico que esto resulta debido a la pobre seguridad que brinda el gobierno a los ciudadanos) o una anfitriona para cualquier tipo de evento, se puede recurrir a la empresa pública Esvicsac. Si un club, por otra parte, desea un servicio de jardinería, de limpieza de su piscina o de pintado de su fachada, siempre podrá llamar a Silsa, una empresa (al igual que Esvicsac) de Essalud.

¿Debería el Estado dedicar dinero, tiempo y esfuerzo en gestionar una empresa de guardaespaldas privados en vez de invertir esos mismos recursos en perseguir terroristas y otros criminales? ¿Cuántos maestros más se podrían contratar para escuelas rurales si el gobierno no estuviese preocupado en gerenciar un servicio de anfitrionas para corporaciones? Y ¿debería el Estado concentrarse en reformar los jardines de instituciones privadas o, más bien, en reformar el Poder Judicial?

Por supuesto, el problema no acaba en que cuando se deja que el Estado juegue al empresario sus prioridades terminan de cabeza. Donde se mete a hacer negocios, además, suele hace mal las cosas. Sedapal es un claro ejemplo. Aun cuando todos sabemos que el servicio que brinda hace agua, el Ejecutivo permite que esta empresa use sus recursos –como denunció recientemente la ONG Contribuyentes por Respeto– en financiar marchas antiaborto. Esto es aun más indignante cuando se analizan sus resultados comparándolos con los de su par privada Aguas Andinas de Santiago. Como indicó en esta página Fernando Cáceres, director de la mencionada ONG, hace una década la empresa chilena tenía similar número de conexiones que Sedapal y hoy ofrece 20% más conexiones, tres veces más tratamiento de aguas servidas, menos de la mitad de densidad de roturas de redes y 29% mayor medición. Todo esto logrando una rentabilidad patrimonial 23 veces mayor y a un costo operativo por conexión 52% menor que Sedapal. Y, como si fuese poco, el gobierno consiente la frescura de que esta empresa no presente sus estados financieros del 2011 auditados.

Los peruanos tenemos derecho a pedirle al Estado que no desperdicie el dinero de todos y que se concentre en cumplir bien sus funciones primordiales. Para eso, habría que empezar por hacer que las empresas públicas abandonen –como manda la Constitución– aquellas actividades que bien puede realizar el sector privado. Así, hay que derogar normas como la que permite que Petro-Perú incursione en la riesgosa actividad de exploración o en otros rubros de la actividad. O, también, hay que eliminar la ley que obliga a los nuevos concesionarios portuarios a tener como socio forzoso a la ineficiente empresa estatal Enapu o la que obstaculiza los procesos de concesiones sujetándolos a la aprobación de la Marina (como informamos ayer en “Día_1”). Debe, en fin, avanzarse así sector por sector, sacando a las empresas públicas de donde no les compete, pues no es justo que el Estado pretenda brindar el mejor servicio de anfitrionas cuando no puede garantizar, ni siquiera, servicios de seguridad, educativos o de salud decentes.