(Editorial) Big Brother mundial

Hace bien el Gobierno en pedir explicaciones a Estados Unidos sobre el espionaje a peruanos

No se trata de un personaje de una novela orwelliana ni de un ‘reality show’. Estamos hablando del complejo aparato de espionaje internacional implementado por Estados Unidos. Lo que empezó como la controvertida práctica de recolección de millones de registros de llamadas telefónicas de ciudadanos norteamericanos (la llamada metadata) hoy día es un escándalo de alcance mundial. Las más recientes revelaciones de Edward Snowden, ex agente de la CIA, y los subsecuentes reportes periodísticos de medios internacionales como “The Guardian”, “O Globo” y “Der Spiegel” dan cuenta de que las actividades de vigilancia de las agencias norteamericanas de inteligencia eran de mucha mayor envergadura de lo que se pensaba originalmente. Hoy se sabe, según la información divulgada, que las agencias estadounidenses interceptaron millones de comunicaciones electrónicas de extranjeros (incluidos peruanos), vigilaron las actividades de países y empresas en sectores como el energético, obtuvieron secretos comerciales y hasta colocaron aparatos electrónicos de vigilancia en las oficinas y computadoras de un edificio de la Unión Europea.

Algunos piensan que, en el fondo, esto no es una novedad que debería ser motivo de escándalo. El espionaje, después de todo, existe desde que existen los estados y hay quienes sostienen que es necesario para salvaguardar la seguridad de cada nación. Sin embargo, aun cuando esto fuese cierto, hay varias características de este ‘chuponeo’ mundial sin precedentes que lo hacen especialmente grave.

Para empezar, es la primera vez que sale a la luz que el Gobierno de Estados Unidos utiliza un sistema que se salta los mecanismos que tradicionalmente se diseñan para proteger a las personas de los excesos en los que el Estado puede incurrir cuando desarrolla este tipo de actividades de inteligencia. Concretamente, la exigencia de que un juez apruebe la interceptación de determinadas comunicaciones de un individuo específico, basándose en la evidencia de que existe un peligro para la seguridad pública. Sin este sistema, lo que tenemos son espías que no son fiscalizados por nadie.

Por otro lado, hasta el momento Estados Unidos no ha dado una justificación razonable para vigilar de esa manera a personas y entidades sobre las que no pesa sospecha de crimen alguno y que no representarían riesgo para la seguridad nacional de su país.

Finalmente, estas operaciones de interceptación a individuos se efectuaron a espaldas de las autoridades nacionales de los países en cuyo territorio fueron realizadas y, en varios casos, con la colaboración de distintas empresas de telecomunicaciones ahí domiciliadas. Y esto último no solo supone una violación de la soberanía de aquellos países, sino también la violación de su derecho interno y de la privacidad de sus ciudadanos.

Varias naciones ya han presentado pedidos formales de explicación al Gobierno Estadounidense (y los ciudadanos de estos países esperan las respuestas que aún no llegan y que parece que no llegarán). Entre ellos están Brasil, Colombia, Chile, México, El Salvador, Alemania, Francia y los representantes de la Unión Europea. Y, paralelamente, algunas ONG internacionales han iniciado acciones judiciales en Francia y Reino Unido contra esta violación de la privacidad.

El jueves, la ministra de Relaciones Exteriores informó que el Perú también exigiría a Estados Unidos una explicación por el supuesto espionaje a peruanos. Y no le falta razón. Para empezar, porque es la misión primordial del Gobierno defender a sus ciudadanos frente a cualquier Estado que viole sus derechos, incluida su privacidad. Además, porque es importante saber si algunas compañías que operan en el país facilitaron el acceso a comunicaciones privadas sin haber respetado nuestras leyes, pues en ese supuesto habrían cometido un delito que el Estado está en la obligación de perseguir.

En el Perú, los ciudadanos no hemos autorizado a nuestro Estado a arrogarse el papel de supervigilante. Y mucho menos hemos autorizado a otro país a convertirse en nuestro Big Brother.