(Editorial) Colegios medievales

Los privilegios legales de los colegios de abogados dañan la profesión

Este sábado 24 de noviembre se realizarán las elecciones para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), dándose fin así a las campañas de seis candidatos que han sido, probablemente, de las más pintorescas de los últimos años. Y no nos referimos solamente a que empapelaron los alrededores del CAL y del Palacio de Justicia con los afiches más estrambóticos, ni a que una de las candidatas decidió que la mejor forma de darle seriedad a su discurso era pronunciándolo al ritmo del baile del caballo (según ella, porque dicho animal representa la vitalidad y la alegría en el horóscopo chino). Lo más pintoresco de la campaña ha sido el contenido de las propuestas de los postulantes, que se alejan mucho de lo que debería ser la principal tarea de la institución que pretenden dirigir: vigilar el ejercicio ético de la profesión legal. Los abogados tendrán que elegir entre candidatos que ofrecen sortear departamentos y camionetas 4 × 4, realizar ecografías gratuitas, brindar servicios de sepelio, organizar nuevamente el concurso de belleza Reyna CAL (así, con ‘y’) o la cuarta edición del Campeonato de Fulbito Jurídico.

Sorprende que el debate electoral se centre en estos temas y no en el control de la inmoralidad en el ejercicio, especialmente porque la abogacía es una de las profesiones que más cuestionamientos éticos despierta en los ciudadanos. Pero es más fácil entender este fenómeno cuando reparamos en los incentivos que crea la medieval ley que norma los colegios de abogados.

Y decimos medieval porque la regulación de estas entidades, realmente, es un rezago del trato privilegiado que a partir del medievo (y por siglos después) recibían los gremios de parte de las autoridades que impedían el ingreso de nuevos competidores que les quitaran a sus clientes. En 1643, por ejemplo, un gremio de artesanos tejedores logró que el rey inglés ordenara la destrucción de una revolucionaria máquina para tejer que amenazaba sus negocios. Y en Francia, en el pueblo de Valenciennes, se ahorcó a 77 personas y se torturó a 55 en el potro por vender tejidos importados que competían con los del gremio local. La mayoría de estas protecciones, no obstante, se abolieron a fines del siglo XVIII y principios del XIX. En Francia, la Asamblea Constituyente estableció en 1791 que cualquier ciudadano tenía libertad para ejercer cualquier profesión u oficio. Y en Inglaterra, en 1813, se derogó el denominado Estatuto de Artesanos de 1563, que limitaba el número de obreros y aprendices que podía tener cada ciudad.

Algunos gremios como los de los abogados, sin embargo, pudieron salvar ciertos privilegios legales y, a pesar de que ya no pueden torturar a sus competidores, todavía se les permite restringir legalmente quién entra a su mercado. Para empezar, la ley obliga a los abogados a afiliarse a uno de estos colegios si quiere litigar o autorizar escrituras públicas. Y, encima, los colegios legalmente pueden limitar aún más la competencia fijando concertadamente sus precios mínimos a través de tablas de honorarios, restringiendo que se haga publicidad para captar clientes o cobrando a los litigantes que quieren presentar una demanda por verificar que su abogado está al día en sus pagos a la institución. Si cualquier otro gremio empresarial hiciese estas cosas, podría ser sancionado por el Indecopi, pero el Estado –curiosamente– le da este enorme privilegio al señalado grupo.

La ley de estas instituciones, entonces, no ha sido diseñada pensando en que ellas sirvan para lograr el ejercicio ético de la profesión y, por eso, a nadie debiera sorprender que su proceso electoral haya degenerado al punto que recuerde a un carnaval.

Pero, por suerte, hay una solución para esta situación: quitarle los privilegios legales a dichos colegios y convertir la afiliación a los mismos en voluntaria. Así la única razón que tendrán los abogados para incorporarse a ellos es que se trate de entidades cuya membresía sea sinónimo de rectitud y prestigio profesional. Y para lograr ese estatus, a los colegios no les quedará otra más que dedicarse principalmente a sancionar a los miembros que falten a la ética y a velar por el noble ejercicio de la profesión.

La salida es clara. Para ayudar a la profesión del abogado –y a toda la sociedad a la que sirve– hay que eliminar primero sus privilegios.