(Editorial) Una cura que mata

Regular el precio de los medicamentos pondría en una peor situación a los enfermos

(Editorial) Una cura que mata

Se espera que esta semana la Comisión de Economía del Congreso discuta un proyecto de ley, presentado por el parlamentario Héctor Becerril, para crear un organismo regulador de los precios de los medicamentos. En este Diario, por el bien de los pacientes, esperamos que el proyecto no prospere.

El autor de la iniciativa sostiene que los precios de las medicinas deben ser regulados porque ellas no son “una mercadería cualquiera”. El congresista tiene razón cuando señala que las medicinas son productos importantes, pero esto no implica que la regulación de sus precios vaya a ser beneficiosa para la ciudadanía.

Cuando el gobierno establece precios topes a los productos, genera escasez. La razón es sencilla: el negocio deja de ser igual de bueno para los productores y estos prefieren redirigir su inversión hacia otros mercados que les ofrezcan mayor rentabilidad. Así, la regulación de precios termina empeorando la situación de los consumidores. Si en un inicio ellos sufrían por precios altos, luego de la fijación estatal del precio el producto simplemente deja de estar disponible (en especial en el caso de medicinas nuevas que entran con un precio naturalmente alto). El control de precios, de esta forma, termina siendo una cura que mata.

Evidencia de cómo esto ocurre en la práctica la podemos encontrar en Venezuela. En este país desde el 2003 se mantienen congelados los precios de alrededor de 1.400 productos farmacéuticos que componen el 30% de las medicinas disponibles en su mercado. Esto (sumado al terrible clima de inversión que existe en dicha nación) ha llevado a que escaseen medicamentos básicos e incluso fármacos para tratar problemas de salud complejos. Así, en Venezuela no solo es difícil encontrar aspirinas en las boticas, sino que desde hace meses no se pueden conseguir medicamentos como la doxorrubicina liposomal, droga utilizada para el tratamiento del cáncer, el VIH y otras enfermedades.

Lo más sorprendente es que el congresista Becerril ha sido advertido sobre los problemas que generaría su proyecto de convertirse en ley y, aun así, insiste en sacarlo adelante. Además de los múltiples analistas que se han pronunciado en contra del proyecto, en mayo el Indecopi remitió al Congreso un informe donde detalló punto por punto los perjudiciales efectos que dicha propuesta, de ser aprobada, tendría en los consumidores. Pero el señor Becerril parece ser inmune a la lógica económica.

Esto no quiere decir, por supuesto, que no existan acciones por tomar para facilitar el acceso a los medicamentos por parte de los ciudadanos sin necesidad de regular los precios.

En marzo, la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi realizó un estudio para determinar cuáles eran los principales obstáculos burocráticos que encarecen la venta de medicamentos. Se encontró, por ejemplo, que la Digemid estaría actuando de forma impredecible y dilatando innecesariamente los plazos de emisión de los registros sanitarios requeridos para comercializar los fármacos. Además, el Estado tardaría más de lo debido en el control de calidad del primer lote de un medicamento, lo que generaría su desabastecimiento. También habría serias demoras en la tramitación de otros requisitos. Todo esto dificultaría el ingreso de una mayor oferta y la consiguiente reducción de los precios.

Paralelamente, se podría mejorar el sistema de compras corporativas estatales de medicinas para obtener precios menores.

Además, el Estado debería promover el consumo de genéricos, por ejemplo, fiscalizando que los médicos informen a los pacientes sobre la existencia de estos. Y, al mismo tiempo, podría difundir mejor la información sobre los precios de venta de los fármacos en distintos establecimientos para fomentar su competencia.

Así, parece que la mejor forma de ayudar a que las medicinas estén más al alcance de los peruanos sería eliminar la burocracia y no, como propone el congresista, aumentarla. Una nueva burocracia que, como también señala Indecopi, terminaría costando a los contribuyentes varios cientos de millones al año.