Editorial: Daños ambientales que el Gobierno podría evitar

Es necesario que se desarrollen proyectos ecológicos que garanticen que nuestros recursos naturales sean usados, pero no abusados, como sucede en la práctica

Es irónico, pero mientras países con menos recursos naturales que los nuestros han intensificado sus políticas de protección del medio ambiente, en el Perú seguimos minimizando desastres ecológicos, como los producidos hace poco en Huancavelica y en la cuenca del río Marañón.

En este último caso, como ha dado a conocer una investigación de El Comercio, los perjuicios parecen ser más graves de lo que se había imaginado. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha sancionado a la empresa responsable de la contaminación —Pluspetrol— ni tampoco ha tomado medidas frente a estos frecuentes “accidentes”.

Como hemos señalado siempre en esta columna, las tareas de conservación del ambiente no se reducen a actuar por reacción, cuando el daño ya se perpetró o simplemente para responder a la queja ciudadana que suelen generar estos atentados.

La salida es prevenir su ocurrencia, mediante mecanismos puntuales de riguroso cumplimiento por todos los actores involucrados, desde las mineras y las empresas petroleras, hasta la sociedad civil organizada, las comunidades amazónicas e indígenas y la población en general. Luego, producido el perjuicio, se requiere actuar de inmediato, para revertir en algo los efectos de problemas medioambientales casi siempre irreversibles y de impacto impredecible. Finalmente, se necesita desarrollar proyectos y negocios ecológicos que garanticen que nuestros valiosos —y cada vez más escasos— recursos naturales sean usados, pero no abusados, como sucede en la práctica.

En el caso de la contaminación por petróleo en el río Marañón, producida el pasado 19 de junio, nada de eso se ha cumplido.

En primer lugar, si existen antecedentes de barcazas con petróleo que se vuelcan en los ríos, Pluspetrol debió prevenir y trasladar el crudo en una nave más confiable. Lo contrario solo revela informalidad, negligencia grave y la ausencia de una política de responsabilidad social; algo por lo demás injustificable en una empresa que opera en varios países y que opera en una zona que antes estuvo en manos de Petro-Perú.

Igualmente, nada justifica la inacción después de 23 días de ocurrida la desgracia. La empresa dice que está evitando la dispersión del petróleo que, sin embargo, ha afectado ya a diez comunidades que se abastecen de las especies y de las aguas del río, y a las que ha pretendido compensar con alimentos.

El Gobierno no ha reaccionado. La Marina sigue investigando qué pasó y el actual presidente regional de Loreto distribuye bolsitas de agua entre los damnificados para hacerse propaganda camino a la reelección. Obviamente, tampoco ha habido sanción; este atentado contra la ecología sigue impune.

Sería bueno preguntarse qué habría pasado si el derrame de petróleo hubiera sucedido en otro país, más preocupado por su ecología. Aquí, en el Perú, no valoramos nuestras riquezas naturales, pues la defensa del ambiente sigue siendo una necesidad de segundo orden.

Lo que necesitamos es un Estado que priorice políticas de desarrollo sostenible, promueva la interacción de la economía, la sociedad y el ambiente, facilite la innovación tecnológica, y regule y controle el uso responsable de nuestros recursos.