(Editorial) Deudas pendientes

La reforma agraria, en fin, fue tanto una gran injusticia como una gran torpeza

El Tribunal Constitucional (TC) volverá a ver esta semana el tema del pago de la deuda a los bonistas de la reforma agraria (“RA”). Lamentablemente, no se puede esperar que su decisión determine un quiebre en el incumplimiento permanente al que han sido sometidos estos acreedores del Estado Peruano desde hace 40 años. Después de todo, el TC ya ha sentenciado antes sobre la obligación del Estado de actualizar y pagar esta deuda, y ello no ha marcado mayor diferencia en la continuación de lo que, en buen criollo, solo se puede describir como un ‘perromuerto’ oficial. Y uno, por lo demás, que nuestro Estado ha venido cometiendo sin preocuparse siquiera por disimular su intención fraudulenta: no solo no cumplió con las promesas de pago –los famosos bonos de la reforma agraria–que dio a los expropiados a cambio de sus bienes, sino que cuando la inflación que él mismo provocó con la conocida ‘maquinita’ llevó el valor de esta deuda a cero, se preocupó de dar una ley exceptuando a la misma del derecho a ser ajustada de acuerdo con la tasa de inflación.

Naturalmente, los sucesivos gobiernos peruanos han podido darse este lujo, sin que nadie proteste mayormente, gracias a que la propaganda del velascato y de sus sucesores ideológicos fue muy exitosa en pintar a los expropiados como una especie de vampiros económicos que vivían de succionar– a través del robo de la plusvalía– a sus trabajadores. Así fue como nuestro Estado se apoyó implícitamente en la idea detrás del refrán que dice “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón” para incumplir impunemente la obligación que él mismo asumió como parte del proceso de la RA.

La realidad, sin embargo, desmintió a la coartada anterior de una forma contundente. Luego de la RA la productividad del campo cayó estrepitosamente, haciendo que el país pase de ser netamente exportador (en 1970 exportábamos tres veces más alimentos de los que importábamos) a tener que importar, para 1981, tres veces la cantidad de alimentos que exportábamos. Esto adquirió extremos particularmente escandalosos en casos como los del azúcar, donde habíamos tenido rendimientos por hectárea que se encontraban entre los más eficientes del mundo, y donde pasamos a ser importadores natos hasta hace solo cinco años. El PBI agrícola del campo recién recuperó en el 2005 los niveles que había tenido en 1975. Mientras tanto, los supuestos beneficiarios de la RA empezaron a dar una inequívoca respuesta a la pregunta por cuánto los había beneficiado esta, migrando masivamente del campo a la ciudad.

Había resultado, pues, que la riqueza no era simplemente algo que estaba ahí, esperando a ser recogida por un patrón rentista que no aportaba nada y que más bien “comía” de “la pobreza” del campesino (según rezaba el eslogan de la RA). La riqueza era algo que había que crear y para ello se necesitaba de capital, tecnología y ‘knowhow’ empresarial.

Nada de lo anterior, ciertamente, implica que antes de la RA no hubiese habido en el Perú un enorme número de personas, incluyendo a muchos campesinos, que vivían atrapados en un círculo de pobreza y que carecían de las condiciones mínimas para entrar al mercado y prosperar en él, así como para ser ciudadanos plenos. Pero no se entiende de qué forma eso se podría haber superado acabando con quienes sí generaban con su capital y emprendimientos oportunidades de empleo y mejoría. De hecho, la RA no sacó a nadie de la pobreza, solo sacó a un grupo de personas de la riqueza (lo que era, por cierto, el verdadero objetivo de varios de los velasquistas), incluyendo a muchos que no la tenían tanto (la de los latifundios solo fue una parte de las expropiaciones realizadas).

Tampoco pretendemos negar la existencia de una serie de situaciones semifeudales, principalmente en haciendas serranas,donde muchos campesinos trabajaban en condiciones más parecidas a las de la servidumbre que a las del contrato de trabajo. Pero no se alcanza a entender cómo así la solución justa para ese problema era expropiar a todos los propietarios rurales privados del país.

La RA, en fin, fue tanto una gran injusticia como una gran torpeza. Lo segundo se viene remediando, poco a poco, desde que las reformas que liberalizaron nuestra economía hicieron posible la vuelta de la inversión al campo y sembraron las bases del ‘boom’ agroexportador con pleno empleo que viven varios de nuestros valles costeños. Pero lo primero es perpetuado año a año por un Estado que, teniendo superávits, se sigue negando a indemnizar a un grupo de peruanos a los que un buen día, y sin ningún resultado favorable para nadie, atropelló.