(Editorial) Diálogo sí; no azuzamiento ni confusión

Lo sucedido en los últimos días es una muestra de lo que puede pasar cuando se politiza un tema como el del gas, se radicalizan posiciones y se permite la infiltración de grupos radicales

No puede perderse más tiempo. Tanto el Gobierno como el Congreso y los líderes sureños que promueven la huelga en Quillabamba deben redoblar esfuerzos para recobrar la cordura y la calma, de modo que pueda propiciarse la instalación de una mesa de diálogo.

Lo sucedido en los últimos días es una muestra de lo que puede pasar cuando se politiza un tema como el del gas, se radicalizan posiciones y se permite la infiltración de grupos radicales en un ambiente de tensa confusión. Ante la dificultad para la cobertura periodística, ayer se esparció una ola de rumores alarmistas que daban cuenta, sin ningún sustento, de decenas de muertos a manos de las fuerzas del orden, peligrosa situación que, como se recuerda, fue el detonante de la tragedia de Bagua.

Los líderes locales acusan al Gobierno de intransigencia, pero ayer dos agentes de seguridad de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) fueron secuestrados por los huelguistas por varias horas, en tanto que otro grupo tomó por asalto y quemó un campamento de comunicaciones. Y, en otro violento incidente, se intentó tomar las instalaciones del aeropuerto de Kiteni.

¿Quién responde por estos graves excesos, que sobrepasan cualquier pliego de reclamos? ¿Qué tienen que decir a esto los líderes de La Convención y algunos congresistas del Partido Nacionalista que apoyan el paro? ¿Y por qué el Gobierno Central ha debido esperar tanto para prestar atención a esta zona, donde anteriormente se había frustrado una iniciativa de diálogo?

La Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero siempre y cuando esta se exprese dentro de los canales adecuados y sin afectar los derechos del resto.

Sin embargo, los promotores de la huelga han bloqueado importantes vías, con lo que afectan a cientos de productores de café. Solo la provincia de La Convención pierde 10 millones de soles al día. Adicionalmente, se podría afectar el suministro eléctrico del país y arriesgar los compromisos de exportación de gas.

Tal situación no puede continuar. Así como los representantes locales y regionales no pueden oponerse ciegamente a la exportación del gas, el Gobierno debe explicar de un modo más claro los términos de la anunciada renegociación, que fue uno de los puntos más gravitantes del reciente mensaje presidencial, y el modo como se abastecerá el mercado interno. Luego, ya se ha adelantado que el nuevo gasoducto no afectará el Santuario Nacional Megantoni. En cuanto al aprovisionamiento de gas a las localidades aledañas a Camisea a precios razonables, es un pedido que podría canalizarse dentro de una agenda concordada.

Pero, tampoco debe olvidarse que esta zona recibe ingentes recursos por canon, por lo que corresponde a sus autoridades locales y regionales, que ahora demagógicamente se han sumado a la protesta, asumir su responsabilidad y rendir cuentas a sus vecinos del modo como invierten sus presupuestos.

La alerta está dada. Si no hay condiciones para el diálogo en La Convención, este podría darse en el Cusco, siempre y cuando participen los legítimos representantes de las zonas involucradas con una actitud abierta y democrática. Ello pasa necesariamente por levantar la medida de fuerza, dejar de lado las posturas intolerantes y pensar antes que nada en el bienestar del país.