Editorial: El futuro incierto de los peruanos indocumentados

Si la inmigración ilegal es un problema globalizado, haría bien nuestro país en promover una iniciativa conjunta en la región para…

Es indispensable que el Gobierno Peruano no descuide a la colonia de compatriotas indocumentados que vive en Estados Unidos; un conglomerado numeroso y actualmente expuesto a las rígidas normas de extranjería que rigen en ese país. No olvidemos que de los 12 millones de migrantes ilegales que viven allí, dos millones son peruanos.

Hizo bien el Ministerio de Relaciones Exteriores en sumarse a los países que apoyaron una demanda judicial contra la Ley SB 1070 que, como sabemos, entró en vigencia el jueves de la semana pasada con ciertas restricciones. No obstante, el clima de incertidumbre persiste —aún hay apelaciones pendientes por parte del estado de Arizona— en perjuicio de los migrantes.

Como se sabe, una jueza federal suspendió algunos contenidos polémicos de la llamada ley de Arizona. Por ejemplo, en lo concerniente a la potestad de la policía para revisar la condición legal de personas que aparentaban ser inmigrantes o habían sido detenidas por otra razón; la obligatoriedad de los extranjeros de portar documentación que acredite su estatus de residentes legales; y la disposición que declaraba delictivo el hecho de que alguien en condición ilegal solicitara empleo.

Persiste, sin embargo, la sanción a aquellos que contraten, transporten, alberguen y, en definitiva, protejan a trabajadores ilegales; una prohibición delicada en estados donde la principal fuerza laboral son los hispanos.

Al respecto, el Perú debe mantenerse vigilante respecto de los mecanismos de protección que brindará a sus connacionales. En la memoria colectiva ha quedado grabada la imagen de la pequeña Daysi Cueva quien, preocupada por el futuro de su familia —su madre es una peruana indocumentada—, le preguntó a la primera dama Michelle Obama si ella sería deportada.

Por ello, es positivo que nuestro cuerpo consular se mantenga en contacto permanente con los compatriotas. Pero también es necesario que intensifique su labor orientadora, pues muchos migrantes desconocen que pueden acogerse a ciertos derechos que las leyes estadounidenses garantizan, antes de exponerse a una deportación. Por ejemplo, podrían solicitar asesoría legal y la presencia de oficiales consulares para, incluso, entablar un pedido ante los tribunales, como lo han hecho algunos peruanos que hoy esperan una sentencia que decidirá si se quedan o abandonan EE.UU. De allí que la asesoría consular sea fundamental. Además, debe considerarse que muchos indocumentados viven desde hace años en ese país, período en el cual ha consolidado una familia y un trabajo; de manera que una deportación podría generarles conflictos que es posible evitar.

Si la inmigración ilegal es un problema globalizado, haría bien nuestro país en promover una iniciativa conjunta en la región para, de un lado, reivindicar a los latinoamericanos que viven en el resto del mundo; y, del otro lado, respaldar las gestiones que en este sentido viene desarrollando el presidente Barack Obama.

Los gobiernos son autónomos a la hora de establecer las leyes migratorias que consideren más apropiadas, pero en el caso de EE.UU. la colonia latinoamericana también merece una política justa y equitativa, más aun si los hispanos constituyen la primera minoría étnica de ese poderoso país.