(Editorial) Garrote electoral

Debería sancionarse a quien viole el Pacto Ético Electoral

(Editorial) Garrote electoral

“Marihuanero”, “mafiosos”, “inmorales”, “lobbista”. Los anteriores son solo algunos de los adjetivos con que se califican entre ellos casi diariamente los defensores del Sí y del No. Así, hasta el momento, esta contienda más se ha caracterizado por los insultos, el debate hueco o las teorías de conspiración (como las “favrecaciones” de las que habla el Sí), que por una pugna alturada de ideas, hechos y estadística contundente que pruebe alguno de los argumentos.

Buscando evitar lo anterior ambas partes se comprometieron (supuestamente) con el Pacto Ético Electoral, propuesta que el JNE viene planteando desde las elecciones generales del 2006. Este pacto, en palabras del propio presidente de su tribunal de honor, Fernando Vidal, “supone para los contendientes la práctica de una tolerancia democrática y de respeto al ciudadano mediante información veraz de lo que proponen”. Claramente, algo muy distinto de lo que hemos venido observando hasta el momento.

La razón por la que dicho compromiso ha terminado siendo no más que una suma de buenas intenciones (si por lo menos estas existieron) es que el tribunal de honor no tiene cómo sancionar a las partes que incumplan el pacto, ya que no tiene facultades para ello. El mismo Vidal menciona que, a pesar de que es evidente que los compromisos del pacto “no están siendo cumplidos en su plenitud”, el tribunal no puede imponer sanciones y está limitado a exhortar a los contrincantes a tener un ‘buen comportamiento’.

Cambiar el ADN de nuestros políticos es una empresa casi imposible y que no se alcanzará mediante la sola firma de un acuerdo en el que ellos se comprometan a portarse bien. Por eso, para los siguientes procesos electorales no estaría de más legislar que el tribunal de honor pueda multar a quienes violen el pacto. Y es que, aparentemente, si no hay garrote estamos condenados a seguir presenciando penosos espectáculos como los de este proceso revocatorio.

EL REY DE LOS BANCOS
La semana pasada informamos que el Banco de la Nación (BN) resultó la entidad más rentable del país en el 2012. Durante dicho año, las utilidades netas del BN ascendieron a S/.669 millones, superiores en 37% a las del año anterior; esto le ha permitido registrar un retorno sobre su patrimonio de 35,6%, porcentaje que es mayor al de los 16 bancos privados que operan en el ámbito nacional.

Enhorabuena que al BN le vaya bien, pero hay que resaltar un detalle: esos resultados comparativos son producto, en parte, de una serie de privilegios que el Estado le concede y de los que no goza el resto de la banca. Por ejemplo, por ley, esta institución maneja la tesorería del Estado, centraliza la totalidad de los fondos que recaudan las administraciones tributarias y sus ventanillas son los lugares donde todos los ciudadanos tenemos que acercarnos a pagar las tasas que se nos cobran por trámites estatales. En pocas palabras, la ley ha reservado un enorme mercado cautivo a este banco.

Esto no solo debería servirnos para entender que la eficiencia del BN no es como se la pinta (pues qué sencillo es ser exitoso cuando tienes clientes forzosos y cuando el Estado te protege de la competencia). Además, tendría que llevarnos a discutir si acaso no sería mejor que varios de los servicios del BN fueran prestados por una multiplicidad de competidores para beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿no sería positivo que pudiéramos pagar las tasas de los trámites en cualquier banco? ¿Por qué obligarnos a tratar con un monopolio?

La idea de que exista una entidad estatal que preste servicios bancarios se justifica solo en que existen lugares recónditos del país donde la banca privada no llega. Donde exista competencia, el Estado debería retirar al BN. Después de todo, eso es lo que ordena la Constitución; no estaría mal que el gobierno la cumpla.