(Editorial) Ley y conflictos: no más bombas de tiempo

Las medidas que el presidente Alan García anunció en el mensaje a la nación para el traspaso del mando el próximo año también deben garantizar la paz social

Uno de los aspectos más destacables del último mensaje a la nación del presidente Alan García ha sido su convicción democrática que lo lleva a garantizar una transferencia fluida del poder. Al tiempo de anunciar la fecha de las nuevas elecciones, ha subrayado el compromiso de su gobierno de actuar con absoluta neutralidad y no dejar bombas de tiempo a la próxima administración.

Esta actitud resulta saludable y responsable. Sin embargo, no debe limitarse solo a la estabilidad política y la sostenibilidad económica, sino que debe cubrir también un aspecto vinculado a todo ello como la paz social, amenazada por numerosos conflictos, que deben prevenirse y desactivarse antes de que exploten.

Desde esa perspectiva, hay un aspecto crucial que no ha sido tocado en el mensaje, cual es la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, observada por el Poder Ejecutivo. Ya la Comisión de Constitución del Congreso ha aceptado una de las observaciones del Ejecutivo, en el sentido de aclarar que la ley no implica el derecho a veto por parte los pueblos originarios.

Por supuesto que la ley es perfectible y pasible de modificaciones, que deben ser hechas con criterio realista, justo e integral, en aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero, de lo que no queda duda es que la ley tiene que promulgarse. Como ha dicho la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, estamos ante una norma que puede ser un paso trascendental para institucionalizar el diálogo y el reconocimiento de los derechos de un sector de la población que debe ser incluido en la agenda de las necesidades nacionales.

Lo contrario sería proseguir con una forma efectista de gobernar, consistente en actuar con la “política de bombero”, solo cuando los conflictos han llegado a niveles desbocados de violencia. El caso de Bagua nos demostró, con un enorme, cruento y doloroso saldo de víctimas, la mayoría policías, lo que puede pasar cuando no existen o se relegan los mecanismos de acercamiento y diálogo formal, en un país vasto, complejo y pluriétnico.

La urgencia de la norma es, pues, indiscutible. Según los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo, a la fecha existen 255 conflictos sociales, de los cuales 172 (67%) están en condición de activos. Paralelamente, se han detectado acciones subversivas, distintas de los conflictos sociales, pero que a veces intentan infiltrarlos e incrementan su peligrosidad.

Hay otros datos que reclaman profundo análisis y acción: del total de conflictos, la mayoría (132) es de naturaleza medioambiental, relacionados con la exploración y explotación minera y de hidrocarburos, tema sumamente sensible.

De allí la responsabilidad del Gobierno y del Congreso de prevenir conflictos e institucionalizar el diálogo a través de la ley; y del empresariado de actuar con una mentalidad abierta y proactiva. Lo mismo se demanda a los líderes de las comunidades, que no pueden caer en los extremos de la intolerancia que exige todo y no cede en nada, sino que deben agotar los mecanismos del diálogo responsable, del que fluyan soluciones viables.

El desarrollo económico del país, que crea empleo y bienestar, tiene que complementarse con la preservación del medio ambiente, la paz social y el respeto a los derechos de las comunidades y de todos los peruanos, en un equilibrio difícil pero estrictamente necesario para evitar los conflictos sociales y lograr que dejen de ser riesgosas bombas de tiempo.


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