Editorial: La ley del JNE que el Congreso tiene que aprobar

Ad portas de los próximos comicios municipales y regionales, es pertinente y oportuno recalcar la importancia que alcanza en esos procesos a los organismos electorales. De lo que se trata no es solo hacer cumplir la normatividad electoral vigente, sino también garantizar transparencia y respeto a la voluntad popular.

Un logro a destacar hasta el momento ha sido la suscripción del Pacto Ético Electoral que impulsó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro la campaña Voto Informado para comprometer a los partidos, movimientos y agrupaciones partidarias a actuar como lo que son: instituciones llamadas a sustentar la base organizativa de la estructura electoral, y no simples facciones que se juntan antes de una votación para pugnar por una representación que no tiene más sustento que los intereses particulares de sus integrantes.

Otro avance radica en el proyecto de ley que el JNE ha remitido al Congreso —y que debe discutirse y aprobarse en lo que queda de la presente legislatura— para que corrija el artículo 13 de la Ley de Partidos, a fin de cancelar la inscripción de aquellas agrupaciones políticas que no tengan comités en funcionamiento.

Hoy, según la Ley 29092, los partidos que no participaron en las elecciones generales del 2006 mantienen vigente su inscripción, lo cual ha beneficiado a cuatro organizaciones que de manera irregular y al amparo de una norma aberrante desde el punto de vista constitucional mantienen un estatus que en realidad no les corresponde. Y, como se sabe, una de ellas (Cambio Radical) no ha dudado en convertirse en “vientre de alquiler” de diversos candidatos a los cuales ha cedido su inscripción, en un hecho que grafica de manera grotesca y desesperanzadora la grave crisis y escasa institucionalidad que anima a ciertos políticos y a ciertos partidos locales.

En lo que cabe al JNE — que acaba de celebrar 79 años de vigencia institucional—, debe destacarse que, respondiendo al clamor de la opinión pública, haya ejercido su potestad jurisdiccional y presente una iniciativa legislativa que puede contribuir efectivamente a la progresiva consolidación de nuestro precario sistema de partidos. No se esperaba otra cosa de una institución que, como ha señalado su presidente, el doctor Hugo Sivina, es un soporte del sistema democrático y de la gobernabilidad.

En cuanto al Congreso de la República, el país espera que esta vez actúe en concordancia con la representación que los ciudadanos han conferido a sus integrantes y proceda a corregir vacíos legales que convierten a la Ley de Partidos en una norma inútil.

En un año electoral sui géneris como el que se avecina —con elecciones municipales, regionales y nacionales, además de revocatorias y hasta un referéndum sobre el futuro de Fonavi— los poderes públicos no solo deben garantizar que la sociedad civil participe de manera informada y elija a sus representantes convencido de sus planes y propuestas, sino cambiar la actual percepción negativa que el electorado tiene de los mecanismos institucionales de representación.

Pero para ello tienen que contribuir a la consolidación de las instituciones partidarias, de cuya madurez y responsabilidad depende el futuro de nuestra democracia.