(Editorial) Luz ámbar

La amenaza de Gregorio Santos tiene una cuota de viabilidad que el Gobierno debe tomar en cuenta

(Editorial) Luz ámbar

Hay algo inquietante que no debe ser pasado por alto en el por lo demás bananero pedido de Gregorio Santos para que las protestas sociales apunten a “sacar” al presidente: los ejemplos que dio eran todos reales. Es decir, en Ecuador y en Bolivia manifestaciones callejeras y crecientemente violentas sí derrocaron a cuatro Presidentes en la historia reciente. Él se lo dice a sus seguidores para animarlos a radicalizarse, pero el dato también debería servirnos para reflexionar a aquellos que creemos en la continuidad democrática y el Estado de Derecho. Particularmente tomando en cuenta que hay ya varias señales de que los gregorios santos del país están trabajando en sus planes con más eficacia que antes.

En efecto, las últimas y simultáneas movilizaciones en regiones muy apartadas entre sí han dado muestras de un poder de coordinación notable. Un poder simbolizado por Marco Arana repartiendo sus vuelos entre Cajamarca y Espinar en los últimos meses y encarnado en el método de manual usado en ambos lugares: las acusaciones, sin pruebas, de peligro ambiental; los “informes” producidos por los topos estatales de la protesta, que luego (de la violencia) resultan no decirlo que se afirmaba;el evidente boicot de las mesas de diálogo por parte de las autoridades regionales; los cierres de rutas, los ataques masivos a las sedes de las empresas involucradas, las quemas, la vandalización y los ataques (también masivos) a la policía; las muertes producidas, seguidas de la declaratoria del estado de emergencia; la consiguiente acusación al gobierno de “antidemocrático” y de “criminalizar la protesta social” ( la misma que antes quemó, secuestró, usó molotovs); etc. En lo que va del gobierno de Humala, en fin, la violencia de las protestas viene costando la vida a 14 personas. Por otro lado, el Presidente ha tenido ya que declarar tres estados de emergencia ante los desbordes. Uno ve la cantidad de efectivos que hubo de desplegar en cada uno de estos casos el Estado y no puede dejar de preguntarse: ¿Cuántas “protestas” así, producidas a la vez,bastarían para realmente jaquear a un gobierno democrático?

Es cierto, por otra parte, que el Perú no es ya un país como el Ecuador o la Bolivia de los levantamientos que mencionó Santos. Los continuos años de crecimiento han ido creando cada vez más peruanos con algo que perder en un cambio antisistema: la pobreza, como se sabe, se ha reducido a menos de la mitad en los últimos diez años. Está claro que una opción de este tipo que quisiese llegar al poder desde la protesta social no tendría el apoyo de la gran mayoría de la población,así como no la tuvo en las últimas elecciones. Y OIlanta Humala en concreto mantiene, pese a tantas cosas, el apoyo de más de la mitad del electorado (incluyendo a la de los sectores D y E). La pérdida de “base popular” de la que, con notable frescura, lo acusan sectores de una izquierda retrógrada que elección tras elección han demostrado no tener ninguna representación significativa no es, pues, como la describen.

Nada de lo anterior, sin embargo, anula el riesgo que apuntamos. Al fin y al cabo, ahí donde el Estado de Derecho y el espíritu democrático no están bien asentados no se necesita mayoría para derrumbar un régimen. Basta un grupo de radicales dispuestos a todo (14 muertos), una buena excusa (el ambiente) y un gobierno desconcertado.

Parecería que al menos hemos dejado de tener este último ingrediente con la declaración del estado de emergencia en Espinar y con el trabajo que desde diciembre se ha venido haciendo en Cajamarca para explicar a la población que la cosa no es como se la pintan. Se necesita, sin embargo, más. Lo suficiente como para contrarrestar, además de la frustración causada por el incumplimiento de la promesas del Humala de la primera vuelta, la gruesa ineficiencia de los gobiernos regionales, haciendo que el crecimiento llegue a quienes todavía no ha tocado. En Espinar, por ejemplo, los ciudadanos quieren agua y saneamiento, pero esa misma municipalidad que dirige las protestas construyó un estadio para 20.000 personas en lugar de cañerías y solo el año pasado devolvió 66 millones de soles sin usar al MEF. Y en Cajamarca está el mayor bolsón de pobreza extrema del país, mientras el Gobierno Regional devolvió sin gastar 1230 millones (el 85% del dinero que tuvo disponible) en los últimos 5 años.

Tal vez, en fin, la amenaza de estos grupos pueda servir para que el Gobierno se de cuenta de que el Presidente y el Estado tienen –difícil como suena– que llegar a todos lados. Y no “en algún momento”, sino antes de que lleguen los agitadores que, ha quedado claro, se mueven rápido.