Editorial: a menos conflictos, más inversión y empleo

El Gobierno y el Congreso deben asumir su responsabilidad de llenar los vacíos, clarificar las normas y garantizar la seguridad jurídica

Puede parecer paradójico, pero es cierto y preocupante: según la última encuesta del Instituto Fraser de Canadá, mientras por un lado el Perú se ubica en los primeros lugare s en potencial minero y tiene comprometidos US$35.000 millones en proyectos, del otro lado ha bajado al puesto 39 del ránking que mide la percepción empresarial de las políticas públicas de 72 jurisdicciones (en su mayoría países) frente a la inversión minera.

El sondeo, que incluyó 3.000 empresas mineras, subraya que nuestro país viene cayendo desde el 2006, cuando estábamos en el puesto 28, debido principalmente, a decir de los analistas, a cuestionables políticas públicas referidas a regulación laboral y ambiental, así como a los conflictos sociales que a veces han estallado en violencia.

El tema no es nuevo, pero sí acuciante, por lo que la encuesta debe servir como un llamado de atención para no bajar la guardia.

Por un lado, el Gobierno y el Congreso deben asumir su responsabilidad de llenar los vacíos, clarificar las normas y garantizar la seguridad jurídica, así como de ejercer con firmeza pero con prudencia las labores de monitoreo, fiscalización y control de la actividad empresarial, sobre todo en el campo minero.

Del otro lado, sin embargo, no puede desdeñarse la cuantía y violencia que han alcanzado los conflictos mineros en los últimos tiempos. De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo existen actualmente 260 conflictos, de los cuales 179 (69%) son activos y 81 (31%) son latentes. Y, resulta especialmente sintomático, que la mitad de los conflictos (132), se refieran a temas socioambientales, relacionados con desencuentros entre comunidades y empresas mineras, y con afectaciones al medio ambiente o fuentes de recursos básicos como el agua.

La responsabilidad no se constriñe al Gobierno Central, sino que debe ser compartida por los gobiernos regionales y municipales, que muchas veces, de modo facilista y electorero, pretenden lavarse las manos y derivar todos los problemas al Ejecutivo.

¿Qué hacer? Las lecciones que nos dejan los conflictos de Bagua, Islay y otros es que hay que actuar preventivamente, antes de que los conflictos estallen, considerando el marco legal pero también promoviendo la mayor participación y dialogando con interlocutores válidos y legítimos de las comunidades eventualmente afectadas, despejados de cualquier interferencia ideológica o radical.

Al Ministerio del Ambiente le toca redoblar esfuerzos y trabajar conjuntamente con la defensoría para monitorear, alertar y tender puentes de entendimiento entre empresas y comunidades. Regular mejor e institucionalizar las mesas de diálogo son también salidas que deben ser seriamente evaluadas por parlamentarios y autoridades regionales para conciliar posiciones y finalmente promover la estabilidad y la confianza en el país.

A menos conflictos, más inversión minera. Para que esto sea una vibrante realidad, todos debemos entender que la inversión minera es necesaria y bienvenida para los planes de desarrollo con empleo, inclusión y paz social a los que estamos abocados, pero siempre y cuando respete el orden legal, los derechos de las comunidades y el equilibrio ambiental.