(Editorial) La necesaria lucha contra el crimen organizado

El crecimiento del accionar delictivo en las diversas ciudades es ciertamente grave y creciente

Tras cumplir con la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el presidente Ollanta Humala ha presentado un amplio paquete de medidas que involucrarán a los tres poderes del Estado, así como al sector privado.

El crecimiento del accionar delictivo en las diversas ciudades es ciertamente grave y creciente. Esta situación, seguramente, explique la energía mostrada por el mandatario al presentar un plan de acciones que él mismo liderará y supervisará directamente.

Ante la alarmante ola criminal es necesario el compromiso de los representantes de los tres poderes públicos. Si la lucha contra la inseguridad y por la seguridad ciudadana no es entendida como una política de Estado, será poco o nada lo que se avanzará.

Resultan positivas en este sentido: la reorganización del Ministerio del Interior, la evaluación de todos los generales de la Policía Nacional del Perú, PNP, cambios en las escuelas de formación de los policías, así como la renovación de sus equipos y armas. Un punto que requiere ser explicado a fondo es el del “servicio policial voluntario”, pues de no contarse con efectivos controles, podría servir de grieta para que grupos paralelos, radicales o subversivos se incorporen al aparato estatal para dañarlo.

La inseguridad se vincula también con otros sectores: salud, educación e incluso el turismo. En la cruzada debiera sumarse al Ministerio de Transportes, pues un elemento de inseguridad es el caótico transporte, que causa miles de muertes anuales, cuyos responsables no son debidamente encausados y sancionados.

La participación del Congreso en la guerra contra la criminalidad es asimismo fundamental, pues la propuesta del presidente Humala requiere la aprobación de tres normas: para sancionar cualquier delito cometido con arma de fuego, para endurecer las penas en casos en que los agraviados sean niños y para crear el servicio policial voluntario. A ello debería añadirse una sanción mayor para los choferes causantes de accidentes trágicos, como el que ocasionó la muerte del joven reportero gráfico Ivo Dutra.

Muy importante es que el presidente de la República haya solicitado públicamente al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación su colaboración para evitar la impunidad. Hoy resulta escandaloso que muchos delincuentes sean rápidamente liberados pese a lo grave e indubitable de su delito, en lo que los jueces y fiscales deben una explicación al país.

En cuanto al financiamiento, es adecuado que este plan de lucha contra la inseguridad comprometa al sector privado, para constituir un fondo, que algunos gremios empresariales han aprobado siempre que se establezcan los mecanismos de control y de manejo de dichos aportes. No obstante, debemos recordar que, precisamente por la inacción del Estado, actualmente los particulares deben destinar gran parte de su presupuesto personal o empresarial a gastos de vigilancia y seguridad.

Finalmente, resulta alentador que el presidente exprese su rechazo a los malos manejos en los penales. Como ha dicho, no solo se necesitan más cárceles, sino que las que existen funcionen bien porque “necesitamos restablecer el orden en los penales y para esto no hay familiares, amigos, nada. La ley es para todos”. Esta afirmación es sumamente valiosa, sobre todo cuando es público que las más sanguinarias bandas de ‘marcas’ y secuestradores actúan desde dentro de los penales; y porque existen sectores interesados en que el hermano del presidente, Antauro Humala, reciba beneficios penitenciarios que, como todo indica, no le corresponden de ninguna manera, por su responsabilidad en la muerte de cuatro policías en Andahuaylas.