(Editorial) El que no ayuda estorba

Para reducir la informalidad el Estado debe dejar de promoverla

En su mensaje a la nación del 28 de julio, el presidente anunció que para aumentar la recaudación se “combatirá” la informalidad. Es muy positivo que el señor Humala sea consciente de la importancia de ampliar la base tributaria y de que el peso de la recaudación se distribuya sobre un mayor número de hombros. Sin embargo, hubiera sido mejor aun que, acto seguido, reconociera que la principal razón por la que existe tanta informalidad en nuestro país es que el Estado que él preside encarece irrazonablemente el hacer empresa formalmente.

Muestra de ello son los recientes resultados del Reporte Global de Competitividad 2012-2013. Según este estudio, el primer factor más problemático para hacer negocios en el Perú es la ineficiencia de la burocracia y el tercero es la restrictiva regulación laboral. Además, de los 144 países estudiados en el reporte, el nuestro ocupa el deshonroso puesto 128 en lo que respecta a la carga impuesta por las regulaciones gubernamentales, y el puesto 107 en lo que toca a la rigidez de la legislación que regula la contratación y el despido de trabajadores.

Ahora, para ser justos con el presidente, hay que reconocer que se han tratado de dar ciertos pasos durante los últimos meses para solucionar algunos de estos problemas.

Por un lado, el gobierno ha intentando cortar las regulaciones sin sentido que él mismo produce fortaleciendo las atribuciones del Indecopi para sancionar a los funcionarios que establezcan barreras burocráticas ilegales o irrazonables. Por otro lado, ha empujado una reforma del servicio civil que tiene el potencial de introducir criterios meritocráticos en la carrera pública y, así, mejorar los servicios que presta el gobierno a sus ciudadanos.

No obstante, hay un terreno en el que el gobierno todavía parece no haber comprendido la cantidad de obstáculos que ha puesto a los empresarios de todo tamaño: el de la normatividad laboral. Y es que no solamente resulta que varios gobiernos pasados han elevado la valla que esta supone haciendo que cumplir con ella sea demasiado caro o eventualmente imposible para muchos empresarios. Además, la actual administración ha contribuido a elevarla. Por ejemplo, introduciendo estándares de seguridad en el trabajo sumamente estrictos, al punto que muchos de ellos no existen ni en países desarrollados.

Nos referimos, entre otras cosas, a la política de hacer responsable a los empleadores de los accidentes laborales que resultan de caso fortuito o fuerza mayor (es decir, que no son culpa de la empresa). Asimismo, al hecho de sumar a la responsabilidad civil sanciones penales para los empleadores que no adopten medidas de seguridad. Todo eso sin importar que esto último no haya originado accidentes y sin tener en cuenta que los estándares de seguridad dictados por el gobierno a menudo no son completamente claros.

También, por supuesto, nos referimos a lo que ha sucedido con la creación de la nueva Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). A esta se le ha dado el poder de imponer multas hasta 900% más altas de las que antes se podían establecer, pero no se han instaurado a su vez criterios claros y predecibles para aplicar las sanciones. Lo cual, además, se agrava por el hecho de que la Sunafil se financiará mediante las multas que imponga, lo que le crea un peligroso incentivo para poner sanciones altas o para interpretar la ley en contra del empleador.

Cuán pesadas serán las cargas laborales que, pese al extraordinario crecimiento de la economía nacional en los últimos años, el número absoluto de trabajadores informales se incrementó, según el Ministerio de Trabajo, en casi un millón de personas entre el 2004 y el 2011.

El gobierno debe entender que la gran fuerza del Perú no está en el Estado, ni en la minería, ni en un sector industrial específico. Se encuentra, más bien, en los amplios sectores emergentes del país. Es ahí donde reside la mayor energía de progreso y crecimiento. Por ello, el gobierno jamás debe perder de vista que, para facilitar que esa gran mayoría de peruanos siga avanzando hacia el desarrollo, debe en muchos casos aprender a retirarse de su camino.