(Editorial) Rompiendo el contrato social

No es autoritario usar la fuerza para reprimir la delincuencia

Autoritario. Ese es el calificativo que varios políticos y analistas vienen utilizando para describir al gobierno y, en particular, a la actuación del primer ministro frente a los distintos disturbios sociales de los últimos meses. Incluso, debido a que en algunos casos se envió a las fuerzas del orden a controlar a los manifestantes, hay quienes acusan al señor Valdés de repetir actitudes propias del fujimorismo y al señor Humala de querer criminalizar las protestas. El presidente, en respuesta, afirmó ayer que “lo que se está haciendo es defender el Estado de derecho”.

*¿Cuál es la línea que separa a una democracia que utiliza la fuerza legítimamente de una tiranía que abusa del poder? *

Para dibujar esa línea imagine lo siguiente. Un delincuente entra por la noche a su casa. Usted llama a la policía y ella, al entender que es la única manera de protegerlo, utiliza la fuerza para reducir al enemigo. ¿Diría que el oficial actuó autoritariamente? ¿Se violaron acaso los derechos del criminal? No, y por una sencilla razón: el Estado se encuentra justificado –y obligado por ley– para utilizar la fuerza con la finalidad de proteger a sus ciudadanos. Cuando lo hace es solo un agente que reacciona en legítima defensa de otra persona. Usar la fuerza, por lo tanto, no es de ninguna manera sinónimo de ser autoritario.

Es bajo este parámetro que se debería analizar si la actitud del gobierno frente a los levantamientos en Cajamarca y Espinar merecen el calificativo de autoritario. Y es que, si bien los ciudadanos tienen el derecho constitucional de expresar sus opiniones en una manifestación, ese derecho termina ahí donde empiezan las libertades ajenas. Una protesta que no es pacífica y que pone en riesgo las vidas o la propiedad de otros deja de ser un ejercicio de libertad de expresión y se convierte en nada más que en abierta delincuencia. No creamos, pues, que la fuerza estatal es solo legítima frente a sujetos con pasamontañas y metralletas.

¿Los grupos que protestaban en Cajamarca se asemejaban más a una banda de violentos delincuentes o a una concentración de pacíficos manifestantes? Remitámonos a los hechos: secuestraron, prácticamente, a la ciudad entera bloqueando sus carreteras. Impidieron a todos los cajamarquinos abrir sus negocios y transitar seguramente por la ciudad. Y, finalmente, circularon volantes que incitaban a atacar autoridades, destruir vehículos e incendiar grifos. Vaya pacífica manifestación.

¿Qué sucedió, por su lado, con quienes protestaban en Espinar? Ahí, la situación fue todavía más grave: incendiaron el local de la fundación de la minera, secuestraron al fiscal luego de destruir su camioneta y tomaron vehículos de la municipalidad para transportar bombas molotov. Los hechos hablan por sí mismos.

Hay quienes dicen, sin embargo, que el error del gobierno en estas circunstancias es que, pudiendo resolver los problemas a través del diálogo, prefirió enviar a las fuerzas del orden. No obstante, ¿qué pensaríamos del policía que quiere dialogar con el pirómano que encuentra a punto de prender fuego a nuestra casa? Nadie discute que el diálogo sea parte esencial de una democracia. Pero quienes se valen de métodos antidemocráticos para tratar de conseguir sus fines son, precisamente, aquellos que cierran cualquier posibilidad de lograr una salida conversada.

No perdamos de vista, por último, que a menudo quienes tienen debilidad por los regímenes dictatoriales suelen justificar la necesidad de un “hombre fuerte” que concentre el poder en la pretendida incapacidad del sistema democrático para controlar desmanes sociales. Los años 90 nos lo deberían haber enseñado. Por eso, cuando el gobierno no demuestra autoridad para proteger legítimamente los derechos de sus ciudadanos, siembra la excusa que explotan luego los grupos totalitarios y de corte fascista para quebrar la democracia.

En nuestro país, después de tantas dictaduras, sin duda pocas cosas deberían asustarnos más que el uso abusivo del poder estatal. Pero un gobierno que no usa la fuerza razonable ahí donde debería olvida la principal razón por la que se firmó el contrato social que lo creó: evitar que unos violen los derechos de otros.