Editorial: siguen amenazas a la libertad de prensa en la región

Lo último en esta escalada de maltratos ha sido el manoseo de asuntos privados de la familia dueña de “Clarín”, con métodos propios de una dictadura

En Argentina continúa el acoso sistemático y escandaloso contra el grupo Clarín —un conglomerado de medios independientes— por parte del gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner, al punto que ha dado lugar a pronunciamientos de organizaciones internacionales.

Los abusos son varios. Van desde el azuzamiento de grupos de adeptos, al mejor estilo de las brigadas chavistas, para que protesten contra los periodistas, hasta la controvertida Ley de Medios Audiovisuales que, bajo el pretexto de democratizar el acceso a la información, solo busca amedrentar a los medios privados y estatizar las transmisiones, con lo cual se controla los contenidos. Aparte de ello, es imposible olvidar la violenta intervención en el local del diario “Clarín” por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (la Sunat argentina), lo que luego se atribuyó a un error.

Lo último en esta escalada de maltratos ha sido el manoseo de asuntos privados de la familia dueña de “Clarín”, con métodos propios de una dictadura. Mientras la presidenta denuncia que dicho diario publica mentiras y fue beneficiado por la dictadura militar, la sospechosa administración de justicia monta una operación violenta y vejatoria para obligar a los hijos adoptivos de la propietaria, Ernestina Herrera de Noble, a someterse a exámenes de ADN para determinar si los padres biológicos pertenecían al grupo de desaparecidos en la dictadura argentina.

Lo peor es que nadie garantiza la autonomía de los organismos estatales que harían las pruebas exigidas, con lo que se mantiene una espada de Damocles de amedrentamiento judicial sobre el diario, algo totalmente contrario a los usos democráticos respetuosos de la independencia de los medios de comunicación. ¿Hasta dónde llegará la inquina de un régimen populista que conculca de un modo tan grosero la libertad de expresión?

Al parecer los Kirchner están copiando los métodos de su aliado Hugo Chávez, propulsor del ALBA, quien se niega a reabrir el canal opositor Radio Caracas Televisión (RCTV), que lleva tres años cerrado por una medida absolutamente abusiva, arbitraria y revanchista del régimen autocrático que repudia la crítica y el pluralismo. Lo mismo hacen los gobiernos de Ecuador y Bolivia, que maquinan maniobras deleznables para mediatizar la libertad de expresión y sojuzgar a los medios independientes que fiscalizan el quehacer público y critican sus errores.

En el caso de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha pedido a Chávez autorizar la reapertura de RCTV, como una muestra de voluntad política considerando que Venezuela se encuentra en una contienda electoral parlamentaria “en la que el público necesita acceder a información plural y diversa”.

Pero hasta el momento no ha habido respuesta formal. Por el contrario, se ha procedido a prohibir también la señal de cable internacional de la emisora, usando para ello órganos gubernamentales y judiciales controlados por un régimen cuya careta democrática es solo eso, una pantomima, de lo que debe tomar nota la comunidad internacional.

Aparte de ello, se han cerrado radioemisoras y se utiliza el sabotaje económico contra medios críticos al Gobierno, solo por disentir de la comparsa oficialista e informar la realidad de un país que, a pesar de contar con ingentes recursos económicos provenientes del petróleo, se hunde en inflación, baja del PBI e incremento de la pobreza.

Estamos advertidos. Los regímenes de Chávez y de los Kirchner muestran cada vez con menor empacho su entraña autoritaria y su intolerancia para quienes discrepan con sus ideas y denuncian la corrupción de sus gobiernos, por lo que deben ser denunciados en todos los foros y organismos internacionales. Esto constituye una prueba de fuego para el reelecto secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que tiene que aplicar la Carta Democrática de la entidad para sancionar a los regímenes que dicen ser democráticos pero conculcan la libertad de expresión de modo tan grosero y vergonzoso.