(Editorial) La zanahoria por delante

El proyecto de reforma del servicio civil introduciría necesarios elementos meritocráticos en la función pública

Esta semana fuimos testigos de una serie de protestas de servidores públicos a lo largo del país. En Lima, la policía se enfrentó a una turba de manifestantes en la Plaza de Armas. En Chiclayo, dos mil trabajadores pasearon un ataúd de cartón con la foto del presidente Humala (que representaría, según ellos, la indiferencia del gobierno). El acceso al aeropuerto de Iquitos fue bloqueado. Piura, Tumbes, Trujillo, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Puno y Cusco también fueron sedes de diversas manifestaciones. El día de ayer, finalmente, la Confederación General de Trabajadores Estatales acordó suspender la huelga que cumplía en el ámbito nacional.

¿Contra qué protestaban estos trabajadores estatales? Pues contra el proyecto de ley del servicio civil cuyo debate en el Congreso estaba planeado para el jueves (y fue postergado a raíz de las manifestaciones ).

Tal como está diseñada, la referida reforma comprendería a unos 500 mil trabajadores del sector público (y no incluiría a quienes, como policías o maestros y médicos, se encuentren bajo regímenes especiales). Y, si bien puede tener aspectos mejorables, tiene la gran virtud de estar diseñada para beneficiar a aquel personaje para cuyo servicio existe el mismo Estado: el ciudadano.

La reforma tiene como objetivo central atacar la ausencia real de meritocracia dentro del servicio civil. Busca terminar con la contratación de funcionarios a través de “concursos a la medida”, eliminar criterios de ascenso que tienen en cuenta la antigüedad como si esta fuera un mérito por sí sola, y evitar la común omisión de realizar evaluaciones de desempeño para los servidores públicos.

Para ello, la reforma introduce una serie de importantes medidas. Por ejemplo, establece una serie de candados para los concursos públicos para evitar parcialidades. Además, crea un sistema de evaluaciones anuales que determinarán la permanencia de los trabajadores, dependiendo de en cuál de las cuatro categorías de desempeño los coloquen sus resultados en las pruebas.

Si están en la categoría más baja, o si dos años consecutivos están en la segunda categoría más baja, podrán ser despedidos.

Hay también un sistema de premios, ya que si un trabajador consigue quedar en la categoría más alta por dos años seguidos podrá aumentarse su sueldo dentro de los rangos que permita su tipo de puesto (y siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal).

Por lo demás, la propuesta permitiría poner algo de orden a un sistema que actualmente es un caos normativo. Actualmente un trabajador del Estado puede estar comprendido en tres tipos de régimen (carrera pública, régimen privado o CAS) y son más de 500 las normas que regulan el empleo público. La reforma busca incorporar, de manera progresiva, a todos los trabajadores en un solo régimen, lo que simplificará su regulación. Asimismo, este sistema permitirá acabar con las diferencias remunerativas injustificadas que hoy tienen lugar, pues, como denuncia la Autoridad Nacional del Servicio Civil, quienes están bajo el régimen de servicios públicos muchas veces ganan menos que aquellos trabajadores que, estando en otro régimen, realizan actividades muy similares.

Varios de los principales opositores de la norma argumentan que ella llevaría a una ola de despidos masivos en el Estado. El ministro Jiménez ha tratado de calmar las aguas diciendo que esto no sería cierto, aunque sería útil que explique con más datos y detalles cómo funcionaría la misma para tranquilizar a los posibles afectados. Igualmente, sería importante que defienda su reforma explicando por qué no viola derechos laborales, como señalan algunos manifestantes.

Ahora, sí es cierto que la norma permitirá que varios funcionarios que hoy tienen su puesto asegurado se enfrenten a la posibilidad de ser desvinculados si no se esfuerzan por brindar el mejor servicio posible (de la misma forma que quienes destaquen tendrán la posibilidad de recibir un premio que hoy no existe). Pero esto dista mucho de ser una injusticia. Se trata nada más que de ponerle una zanahoria por delante a una burocracia que hoy tiene pocas razones para caminar con mayor velocidad.