(Editorial) La venganza de los manirrotos

La acusación contra el ex ministro Carranza es también la reivindicación de una inconstitucional irresponsabilidad fiscal

(Editorial) La venganza de los manirrotos

La semana pasada la Comisión Permanente del Congreso decidió rechazar el informe que desestimaba la acusación constitucional contra el ex ministro de Economía Luis Carranza por no haber cumplido con una ley (la llamada “ley PREDA”) que ordenaba al MEF transferir a Agrobanco S/.50 millones para que este, a su vez, pagase las deudas que un grupo de agricultores tenía con la banca privada. El ex ministro es acusado, en pocas palabras, de no haber ejecutado la orden que le dio el Congreso para que regalase el dinero de todos los peruanos a un grupo de empresarios que preferían que otros paguen la factura generada por sus malos negocios.

Se podría pensar que la ley PREDA, aun tratándose de una mala ley, era una ley, y que no estaba entre las facultades de un funcionario del Ejecutivo, por tanto, dejar de aplicarla. Pero esa no es la historia completa: con toda la obediencia que debe a la ley, el Ejecutivo debe su primera fidelidad a la Constitución. Y sucede que la Constitución es muy clara cuando prohíbe al Congreso la iniciativa de gasto; es decir, proponer crear o aumentar gastos públicos. Es el Ejecutivo el facultado a proponer gastos; el Legislativo solo debe aprobarlos o desaprobarlos. La ley que ordenaba el gasto necesario para pagar estas deudas agrarias, entonces, era una violación a la Constitución y ponía al funcionario encargado de aplicarla en la disyuntiva de escoger entre ley y Carta Magna. Y entre capitán y marinero, el ministro Carranza se quedó con el primero.

La prohibición de la iniciativa de gasto, por lo demás, tiene una razón de fondo detrás. Cuando se divide la facultad de crear gastos públicos entre el Ejecutivo (que los propone) y el Legislativo (que los aprueba)se dificulta a los políticos hacer populismo o conseguir dádivas para sus amigos a costa del presupuesto que financiamos todos. Con la facultad repartida entre dos, hay distintos intereses decidiendo, contrapesos y más ojos fiscalizando.

La importancia de poner frenos al gasto público es más evidente si reparamos en que los políticos, cuando manejan el Estado, tienden a olvidar lo que el sentido común dicta en los hogares: es irresponsable gastar más de lo que ganas. La razón de su olvido, por supuesto, es que una vez en el poder pueden gastar el dinero de hogares ajenos. Y como nadie se limita cuando la fiesta la paga otro, los políticos son proclives a farras fiscales que, con duras consecuencias, paga a menudo la siguiente generación. Como alguien dijo, la época navideña es una en la que los hijos piden regalos y los adultos pagan por ellos, mientras que las épocas de irresponsabilidad fiscal son aquellas donde sucede lo contrario.

En el Perú las pruebas de esto último sobran. Nuestra célebre hiperinflación se produjo porque la descontrolada maquinita de billetes imprimía dinero para financiar desbalanceados presupuestos estatales que se debían en parte a que, por populismo o mercantilismo, el Estado gastaba más que lo que recaudaba. Por ejemplo, cuando regalaba dinero al Banco Agrario de aquel entonces, que para 1990 solo financiaba el 9% de su presupuesto mediante la recuperación de los “créditos” otorgados, mientras que el 90% lo financiaba con el dinero que imprimía el BCR.

Al ex ministro Carranza se le debería felicitar y no acusar, pues él, a diferencia del anterior Congreso, veló por la responsabilidad fiscal del gobierno cuando inaplico esta alegre e inconstitucional medida de la prodigalidad parlamentaria. ¿Qué clase de mensaje le queremos dar al actual y a los siguientes ministros de Economía? ¿Que se les castigará si actúan con responsabilidad? Y, peor aun, si los demás nos quedamos callados, ¿qué mensaje le estaremos dando al Congreso? Lo único que podría significar nuestro silencio es que no nos incomoda que el Legislativo invente gastos que la Constitución le prohíbe y que serán pagados por todos nosotros.

La Comisión Permanente, desconociendo todo esto, opina que la actitud del señor Carranza es condenable y que hay que sancionarlo. Así, esta comisión presidida por el señor Abugattás (nuevamente, el señor Abugattás)intenta vengarse –en nombre de los manirrotos populistas del ayer y en eficiente colaboración con los del futuro– del ministro que cometió la osadía de pararles la desvergonzada mano.