Cusco sería exceptuado de norma de administración patrimonial

Ministra Diana Álvarez-Calderón señala que el Decreto Legislativo 1198 busca preservar sitios arqueológicos descuidados

Cusco sería exceptuado de norma de administración patrimonial

Sitios arqueológicos como el Templo de la Luna seguirían bajo la administración de entidades cusqueñas. (Foto: Archivo El Comercio)

Apenas se promulgó el Decreto Legislativo 1198 que permite ceder la administración del patrimonio cultural a instituciones públicas o privadas, la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco expuso su oposición a la norma y anunció para mañana una movilización en la Ciudad Imperial.

No obstante, ayer la ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón, señaló que el decreto no tiene la intención de ceder en concesión los sitios arqueológicos situados en esta región, sino promover la administración de huacas y otros vestigios históricos y culturales en otras zonas del país.

“El Cusco decidirá qué es lo que quiere hacer [con su patrimonio]. No voy a imponer esta norma, que es buena. Pero hay que tener en cuenta que no toda la región Cusco está desarrollada. Tendría que preguntar a los municipios que están más alejados si tienen inversión o no, si quisieran ser administradores”, expresó.

La representante del Ejecutivo añadió que, antes de emitirse el reglamento del decreto, se desarrollarán talleres participativos descentralizados donde se recogerán las recomendaciones y posiciones de las autoridades locales y de la sociedad civil.

“Esta herramienta se aplicará especialmente para aquellos sitios arqueológicos que requieran mayor protección y revalorización, a fin de transformarlos en un polo de desarrollo en su zona de influencia”, señaló.

Recursos insuficientes

Aunque no indicó el presupuesto con el que cuenta el sector Cultura para la preservación de los sitios arqueológicos, el viceministro de Patrimonio Cultural, Juan Pablo de la Puente, expresó que el Estado no posee el dinero suficiente para preservar todo el patrimonio cultural. En ese sentido, consideró que el referido decreto es beneficioso para el país.

“El año pasado hemos tenido centenares de invasiones a sitios arqueológicos. La propuesta del ministerio es eliminar el origen de todas las amenazas. Si un sitio no tiene uso y control, se produce el tráfico de terrenos. El sentido [de la norma] es atraer inversiones de entidades públicas y privadas”, sostuvo.

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