El 70% de la población penal del país no tiene sentencia

La OCMA investigará los casos de 30 reos que cambiaron la prisión por el hospital. La ministra de Justicia advierte riesgo de que más reos dejen las cárceles por exceso de carcelería.

*Por: Fabiola Torres* El caso del secuestrador Marco Antonio Sánchez Bedón, quien del penal de Piedras Gordas fue trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario por exceso de carcelería y luego fue al centro transitorio Santa Bárbara, puede repetirse con otros reclusos. Resulta que el 70% (23.000 personas aproximadamente) de la población de los penales del país no tiene sentencia, advirtió ayer la ministra de Justicia, Rosario Fernández. Esta situación se agrava cuando ni siquiera el centro Santa Bárbara —adonde se traslada a los reos de alta peligrosidad para que cumplan arresto domiciliario— brinda garantías de seguridad. Lo ha comprobado la Defensoría del Pueblo, cuyos representantes inspeccionaron el lugar el 5 de marzo y detectaron que la infraestructura ha colapsado y que existe un excesivo número de procesados (tiene capacidad para 18, pero hay 35 personas detenidas). Allí, sin embargo, se encuentra ahora Sánchez Bedón. La ministra exhortó a los jueces a emitir sus sentencias dentro de los plazos de ley. Además, la Dirección de Penales de la Policía Nacional solicitó al Poder Judicial y al Ministerio Público que un equipo de médicos legistas evalúe la situación de 30 presos (condenados por narcotráfico, secuestro y corrupción) que se encuentran en centros de salud públicos y privados. En este grupo se encuentran los secuestradores Carlos Araníbar Buitrón y Juan Herrera Lizarbe, el ex comandante general de la Marina Américo Ibárcena Amico (condenado por varios delitos de corrupción), y el narcotraficante Jair Ardela Micchue. También el narcotraficante Jean Phillipe Cayro, quien fugó del hospital Hipólito Unanue vestido de médico. *OCMA INVESTIGARÁ* Los juzgados disponen el traslado de un recluso a una clínica u hospital en base a informes médicos. Trascendió que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) iniciará una investigación para verificar si las decisiones judiciales se ajustaron a ley y si existieron los suficientes elementos para que se cambiara la prisión por un centro médico. La OCMA ya ha iniciado un proceso disciplinario a los miembros de la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel por la demora en el juicio del delincuente Sánchez Bedón, lo que permitió su liberación por exceso de carcelería. Se trata de los vocales Gerardo Alberca Pozo, Andrés Paredes Laura y Walter Peña Bernaola, y de las relatoras Mery Tapia y Beatriz Durand. *MECANISMOS PROPUESTOS* Hace unas semanas, tras los escandalosos casos de excarcelaciones y fugas en las que se usaron resoluciones de liberación falsificadas, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se comprometieron a elaborar mecanismos para evitar estos casos. Entre las propuestas está la creación de la unidad centralizada de excarcelaciones, que estará a cargo de las cortes superiores del país, la cual funcionaría con un sistema electrónico. Según el viceministro de Justicia, Gerardo Reyna, se evitaría que cada juzgado presente ante el INPE pedidos de excarcelación de internos como sucede en la actualidad. *Harán diagnóstico de penales* El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, anunció que, desde la próxima semana, dos grupos que encabezarán ex miembros de la Policía Nacional se encargarán de elaborar un diagnóstico del sistema penitenciario del país. Reyna informó que el INPE tendrá a su cargo el grupo especializado en situación penitenciaria, que dirigirá el general PNP (r) Julio Coa Mariño. El Ministerio de Justicia liderará una comisión responsable para evaluar las áreas del sistema penitenciario que podrían estar expuestas a actos de corrupción de funcionarios y trabajadores del INPE. Los primeros resultados se presentarán dentro de 45 días. *LA CIFRA* 2.079 personas acusadas de tráfico ilícito de drogas fueron excarceladas el 2008, según la policía. El Poder Judicial les varió su situación judicial por arresto domiciliario, comparecencia simple, comparecencia restringida, prescripción, pena suspendida y semilibertad.