Caso El Frontón: fiscalía entregó restos óseos de nueve víctimas

Fiscal encargada indicó que el acto se dio en cumplimiento de resoluciones de la Corte IDH. Los hechos datan de junio de 1986

La Segunda Fiscalía Penal Superior, a cargo de la fiscal Luz Carmen Ibañez Carranza, entregó esta mañana los restos óseos de nueve personas víctimas de la denominada matanza en la prisión de la isla El Frontón, en el Callao, ocurrida en 1986.

La fiscal indicó en su discurso que el acto se dio en cumplimiento de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideró el caso como una violación del Estado a los derechos humanos. Se trata de las sentencias a favor de los internos Nolberto Durand Ugarte (2000) y Víctor Neira Alegría (1996).

“Sentencias ambas que se encuentran en pleno proceso de supervisión de cumplimiento por parte de la antes citada Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó dejando así en claro que se trata de un acto judicial.

Las resoluciones establecieron que los deudos reciban una reparación y que el Estado identifique los restos de las víctimas y los entreguen a sus familiares. La sentencia del caso Durand Ugarte pide además “procesar y sancionar a los responsables”.

En el auditorio de la Morgue Central de Lima se entregaron los restos óseos de Óscar Martín Acevedo Abad, Óscar Chuluncuy Prada, José Edwin García Vallejo, Antonio Guevara Arteaga, Tiberio Poma Sulca, Julio César Taboada Camacho, Marco Antonio Nagajata Daza, Alejandrino Gutiérrez Poma y Juan Carlos Aponte Silva.

Los restos fueron reconocidos a través de pruebas de ADN y de un procedimiento corporativo de historia clínica. La Asociación Americana de Juristas impulsó la identificación de los presos por terrorismo que murieron en el levantamiento del motín.

EL CASO
Más de 200 personas murieron, entre internos del penal San Juan Bautista, ubicado en la isla, policías de la entonces Guardia Republicana e infantes de Marina durante el develamiento de un motín, hecho ocurrido el 18 y 19 de junio de 1986. Los reos habían tomado como rehenes a trabajadores penitenciarios y policías, pero finalmente el control fue retomado gracias a una operación encabezada por la Marina de Guerra del Perú por decisión del primer gobierno de Alan García (1985-1990).

Según da cuenta el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003, “luego de producirse la rendición de los internos y cuando la situación se encontraba bajo control, se produjeron numerosas ejecuciones extrajudiciales por parte de los miembros de la Marina de Guerra”.