Crisis en la Beneficencia: ¿por qué Susana Villarán quedaría bajo la lupa de una comisión investigadora?

Este informe recoge algunas de las causas que habría generado el crítico estado de esa institución y los programas que administra

Crisis en la Beneficencia: ¿por qué Susana Villarán quedaría bajo la lupa de una comisión investigadora?

ENRIQUE VERA (@kiquevera)
Redacción web

La próxima semana, la bancada de Fuerza Popular, a través del congresista Julio Rosas, solicitará la conformación de una comisión especial que indague en torno a los presuntos actos de corrupción que habrían generado una grave crisis en la Sociedad de Beneficencia de Lima. La exposición de la titular de esa institución, María Vásquez de Velasco, así como de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ayer en el Congreso, abrió entera la puerta a esa medida. Este es un informe que detalla algunas de las posibles causas del duro trance.

¿AUMENTO DE SUELDOS?
Desde mayo último, a través de nuevos contratos CAS, gerentes, jefes de departamentos, directores y otras autoridades distribuidas en los distintos programas que administra la Sociedad de Beneficencia de Lima (SBLM), perciben sueldos que superan los honorarios establecidos hacia los primeros meses del año. En promedio, funcionarios con remuneraciones que oscilaban entre los S/.3 mil y S/.4 mil habrían visto elevados sus salarios hasta S/.11 mil. Tal es el caso del director del Puericultorio Pérez Araníbar, quien pasó de ganar S/.3.500 a S/.11.000 de acuerdo con la planilla que llegó a la oficina del legislador Julio Rosas, miembro de la Comisión de Fiscalización que ayer recibió a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a la presidenta del directorio de la SBLM, María del Carmen Vásquez de Velasco. El sindicato que agrupa a los trabajadores de la Beneficencia informó a elcomercio.pe que una situación similar favoreció al ex jefe de la oficina de personal (S/.4.200 a S/.7.900) y a la actual jefa de la oficina general de Asesoría Jurídica (S/.5.800 a S/.11.000). Como ellos, unos 20 altos funcionarios gozan de nuevos haberes. Ese panorama de aparente bonanza contrasta con la realidad del grueso de servidores antiguos, y a tiempo completo, cuyas mensualidades son de S/.700 y no pasan de los S/.1.200.

¿CONFLICTO DE INTERESES?
El caso de Vásquez de Velasco registra una modalidad particular aunque habitual para su cargo. El gremio señaló que la presidenta del directorio recibe una dieta de la institución ascendente a S/.3.480 soles, pero la Fundación Canevaro abona además US$10 mil a su cuenta, lo cual le genera unos S/.30 mil soles mensuales como sueldo. Junto con parte de la generosa nueva planilla de funcionarios en la SBLM también llegó a la Comisión de Fiscalización copia de un convenio interinstitucional suscrito en febrero de este año entre la Municipalidad de Lima y la ONG Sumbi, que tiene como directora nada menos que a la misma Vásquez de Velasco. Asimismo, el detalle de una consultoría que la titular de la Beneficencia realizó para la comuna de Lima en abril por S/.10 mil. ¿A qué responden esos triángulos de trabajo? ¿Hay conflicto de intereses? Por lo pronto, al inminente pedido de que se conforme una comisión investigadora ya se sumó el regidor Alfredo Lozada (PPC) advirtiendo que denunciará este “conflicto ético” ante la Contraloría.

¿CONTRATACIÓN DE PERSONAL INNECESARIO?
En cifras del sindicato, la planilla CAS 2012 de la Beneficencia ascendía a S/.301 mil mientras que para agosto de este año sus cuentas indican que aquella sumaba S/.541 mil. Es decir, S/.240 mil que responderían a una cantidad de personal contratado de “manera exagerada” durante los dos últimos mandatos en la institución y vía convocatorias en las que no se precisaba mayores exigencias a los postulantes. Jesús Romero Guardamino, secretario general de los servidores agremiados, sostiene que así han llegado a la Beneficencia empleados con escaso conocimiento de las labores que ahora cumplen, en algunos casos. En otros, trabajadores que anclaron en oficinas donde ya había exceso de personal y en consecuencia “cobran bien pero quedan sin hacer nada”. “Es gente que gana entre S/.3 mil y S/.7 mil. Esto se dio mayormente en la gestión de Carlos Otero Bonicelli (agosto 2012 – setiembre 2013), anterior presidente de la SBLM”. La denuncia – más grave aún – concierne a algunos empleados de la Beneficencia que volvieron a postular en las cuestionadas convocatorias, a fin de tener sus remuneraciones incrementadas mediante nuevos contratos.

¿INCAPACIDAD LABORAL?
Elcomercio.pe accedió a una convocatoria de personal fechada el 27 de agosto, en que la SBLM requería una secretaria de Dirección General, un coordinador para el Puericultorio Pérez Araníbar (PPA) y un coordinador general de Servicios Generales, más dos asesores, por sueldos que iban hasta los S/.10.500. Para el parlamentario fujimorista, nada de eso sería cuestionable si no estuviera en tela de juicio la productividad y el trabajo del aparente caudal de profesionales contratados así. “A diario ingresa gente, uno o dos, a cualquier oficina, jefes, que muchas veces deben pedir ayuda al trabajador de al lado para hacer su labor”. A ello se habría sumado la creación de cargos como coordinadores de hogares o supervisores para labores que antes no existían. “En asesoría legal sumaron seis abogados más pero después buscan a estudios de abogados externos que les hagan los trabajos. En la Clínica Hospital Rosalía Lavalle hay un policía retirado que supervisa a tres vigilantes por casi S/.4 mil. A través de gerencia general se contrató a una asesora para Inmuebles por S/.7.500 cuando esa área ya tiene tres o cuatro asesores”, denunció Romero.

¿QUÉ DICE LA BENEFICENCIA?
El gerente general de la SBLM, Nelson Torres, indicó a este portal que, en efecto, hubo un aumento salarial para algunos cuadros especializados de dirección o conducción, sin embargo estos montos están aún muy por debajo de los sueldos que perciben funcionarios con similar responsabilidad en el sector público. Refirió que si bien la planilla CAS había subido con respecto al año pasado, esta no se acercaba a las cifras proporcionadas por el gremio denunciante (S/.541 mil). Estimó además que el ascendente debía ser de un 10% o 15% pero no más. De manera tajante, Torres remarcó también que si se realizó contrataciones fue a profesionales realmente necesarios para desarrollar las labores corrientes de la institución. Destacó que la necesidad de consultores externos o asesorías especializadas de primera línea se da para temas sensibles como el trabajo en el fundo Lozanito. “Es parte de lo que cualquier institución haría en defensa de sus intereses”.

¿Y EL DINERO QUE NO LLEGA?
Monseñor Luis Bambarén, director del Patronato en el Puericultorio Pérez Araníbar, refirió para un informe publicado en junio por elcomercio que US$612.000 del convenio suscrito entre la Beneficencia y el PNUD no habían sido destinados para el sustento de los niños del albergue, tal como el documento lo establecía. Para este mes, setiembre, la suma asciende a US$648.000 pues se trata de un alquiler mensual de la Climática de Varones por US$12 mil. La Beneficencia ha puntualizado que hasta ahora ese monto fue utilizado íntegramente para pagar a los auxiliares de formación del niño, sin embargo el patronato remarcó que el trabajo con los menores es realizado por hermanos de la congregación Santa Ana, y del Sagrado Corazón. Además, que los auxiliares por CAS y nombrados en el hospicio no ganan más de S/.800. En suma, sobraría mucho dinero que no está sustentado. “Ni en educación, ni alimentos, material pedagógico o medicinas tampoco gasta la institución pues todos se sostienen por donaciones”, dijeron.

Bambarén denunció además que de una partida de un millón 300 mil dólares, inyectados por el PNUD para refacciones en el imponente local de Magdalena, más de 100 mil dólares habían quedado en el aire. El gerente general Nelson Torres detalló que dentro del presupuesto de 33’944,476.00 millones de la SBLM está incluido el pago mensual del PNUD, que todo fue invertido en el pago a los asistentes de los menores y que el dinero faltante US$115 mil exactamente es parte de una inyección adicional del PNUD a ser ejecutada en los próximos meses.

¿ADMITIÓ LA CRISIS?
La presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Cecilia Chacón (Fuerza Popular), dijo a esta web que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, admitió la crisis en cuestión pero solo “atinó a generalidades y cambió de tema” cuando fue consultada sobre el aparente dinero invisible que abona el organismo internacional a la Beneficencia. Sin embargo, mostró su disposición de conformar una mesa de trabajo con representantes del Inabif, la misma SBLM y el Poder Judicial para que no solo los denominados niños ‘judicializados’ puedan acceder al Puericultorio Pérez Araníbar, tal como lo establece la polémica normativa 291741 del 2008 que ha mermado hasta el 2013 en 570 (de 800 a 230) la población infantil del hospicio. La principal sospecha de ese grupo de trabajo es que existe un claro “interés por ahogar tanto el puericultorio como el ex Hogar de la Madre para un alquiler o venta que beneficie a un grupo de personas.

¿Y LOS INMUEBLES DE LA BENEFICENCIA?
Las primeras alertas fueron de monseñor Bambarén desde 1997 e hicieron eco en el Congreso de la República a través del legislador Víctor García Belaunde. Latía el riesgo de una posible venta del puericultorio y por ello la Comisión de Vivienda aprobó un proyecto de ley que declara intangible el inmueble. El documento todavía no ha sido debatido por el pleno pero una sucesión de hechos mantendría encendida la alarma. Peor aún, develaría un plan estratégico de similares objetivos. Jesús Romero, sindicó al ex presidente del directorio de la SBLM Carlos Otero de haber querido entregar diversos inmuebles de la Beneficencia a la Municipalidad de Lima para que esta los ‘tercerice’ o alquile. Ese sería el caso del comedor Santa Rosa, del local ubicado en el jirón Conde de Superunda, así como de un edificio situado en el jirón Huancavelica y otro en la avenida Garcilaso de la Vega, que, según afirmó el secretario el gremio, logró detener con denuncias ante la fiscalía anticorrupción, fiscalía de la Nación y en la misma Presidencia de la República. Hay 52 puntos detallados en las demandas sobre los inmuebles que comprometen a la alcaldesa, a Carlos Otero y hasta al contralor Fuad Khoury. Tal situación habría devenido en el pedido de urgente renuncia por parte de Villarán a Otero, aunque la Beneficencia comunicó a elcomercio.pe que esa dimisión fue por motivos personales a inicios de setiembre. Coincidentemente, para ese momento el Congreso ya había tomado el caso y cursado citación a ambas autoridades vía la Comisión de Fiscalización. Ayer por la tarde, el gerente general Nelson Torres negó tener conocimiento de las denuncias, menos aún que estaba incluido con otros funcionarios en la que fue cursada al despacho de Presidencia.