Damnificados de terremoto denuncian deficiencias en casas de Mivivienda

Unas 79 familias del distrito de Salas-Guadalupe en Ica culpan a autoridades por falta de supervisión a entidades técnicas de construcción

Damnificados de terremoto denuncian deficiencias en casas de Mivivienda

JOSÉ ROSALES

Ica. Unas 79 familias denunciaron que fueron estafadas por una de las entidades técnicas encargadas de construir sus módulos de vivienda. Varias de estas familias quedaron damnificadas después del terremoto de agosto del 2007 y lograron acceder al bono familiar habitacional de S/.17.500 entregado por el Fondo Mivivienda.

Los denunciantes señalaron que tras recibir los inmuebles, la entidad técnica ALPI SAC no solo abandonó y dejó inconclusas estas 79 viviendas, sino que los pocos módulos que logró edificar en el centro poblado Villa Rótari Nueva Esperanza, en el distrito de Salas-Guadalupe en Ica, presentan serias deficiencias técnicas y los materiales empleados son de mala calidad.

“Las obras debieron ser supervisadas por el municipio distrital, que designó, sin embargo, para estas labores a estudiantes de Ingeniería Civil. Al haber abandonado las obras, el sueño de la casa propia se hace cada vez más lejana e imposible para nosotros”, afirmó Julio García, uno de los 79 titulares de cada familia que ha visto caer incluso las paredes que levantó esta constructora.

Ante el temor de ser aplastados en su propia casa, la mayoría de estos pobladores levantó chozas de esteras y madera junto a sus viviendas defectuosas a la espera de que las autoridades de Mivivienda y el municipio de Salas-Guadalupe resuelvan el problema generado por esta entidad técnica, cuyos representantes no fueron ubicados por este Diario.

“De no reconstruirse estas viviendas, nadie nos garantiza que puedan soportar un sismo. Pueden inclusive convertirse en tumba para nosotros, teniendo en cuenta que vivimos en una zona altamente sísmica”, advirtió García.

MIVIVIENDA RESPONDE
Ante estas irregularidades, El Comercio obtuvo la versión del Fondo Mivivienda. A través de su gerente de Negocios Inmobiliarios, Rodolfo Santa María Razzeto, señaló que “a efectos de poder dar la atención adecuada al reclamo de estas familias, es necesario que el municipio distrital de Salas-Guadalupe confirme si logró identificar documentos fraguados o falsos en los expedientes de licencia de construcción presentados por las familias afectadas”. Asimismo, según Santa María, deberá comprobar si los certificados de finalización de obras presentadas por ALPI SAC fueron emitidos por este municipio.