Disputa territorial retrasa urgentes obras en Chosica

Vecinos de Nicolás de Piérola tienen dos sedes edilicias en una misma calle. Huarochirí enjuicia por incumplir pagos a empresas que ya aportan a Chosica

Disputa territorial retrasa urgentes obras en Chosica

Por: Elizabeth Salazar Vega

El 3 de diciembre del año pasado, decenas de serenos y personal de la Municipalidad de Chosica acudieron con escudos, afiches y violencia al lote 12 de la Av. Andrés A. Cáceres con el fin de clausurar a su competidora, la sede de la Municipalidad del Centro Poblado de Nicolás de Piérola, creada por las autoridades de Huarochirí a pocas cuadras de la Plaza de Armas chosicana. No quedaron ni los archivos. Ahora, en lugar del escudo que colgaba en la fachada, hay un papel que advierte: “La atención es hasta la 1 p.m. debido a la situación de emergencia”.

Lucila Cruz, denominada alcaldesa de este centro poblado, dice que los vecinos están con ella, pero Antonio Gonzales, gerente municipal de Chosica, la califica de autoridad fantasma, pues este barrio —dice— les pertenece y pertenecerá. Los vecinos están en medio de la disputa y no hay una autoridad definida.

COBROS Y EXIGENCIAS
El lío de límites entre las municipalidades de Huarochirí y de Lima abarca áreas desde San Juan de Lurigancho hasta Punta Hermosa y ha motivado acciones legales en ambos lados. Pero en Nicolás de Piérola el asunto se agudizó hace 5 años, cuando el centro poblado (creado en 1986) decidió multar y enjuiciar a las empresas que no hicieron sus trámites y pagos ante su concejo, por más que hubieran rendido ya cuentas a Chosica.

Esta decisión tocó a Luz del Sur, la Minera Cajamarquilla, Edelnor, clubes campestres y otros. A la primera de estas, por ejemplo, se le quiere cobrar S/.12 millones por haber instalado cables y postes sin la autorización del centro poblado. Hans Berger, vocero de esta compañía, dice, sin embargo, que esto fue instalado en la década de 1970 y con anuencia de Chosica. “Estamos en juicio desde hace años por esto”, agrega.

La coacción no se extiende a los vecinos, pues paga quien quiere, pero en breve el centro poblado remitirá cuponeras para el cobro de impuesto predial y arbitrios en 2.500 inmuebles. Cruz no descarta, además, pedir a Cofopri que se revise la titulación que se otorgó en la década de 1990 a todos los vecinos, “pues los han registrado en el distrito de Chosica y debe ser de San Antonio de Huarochirí”.

SIN PODER
La Minera Cajamarquilla, en tanto, obtuvo en octubre del 2009 una sentencia del Tribunal Fiscal que aclaraba que los centros poblados —al ser de menor rango— no tienen el poder de exigir el pago del impuesto predial. Sin embargo, el pasado sábado 13 Huarochirí publicó una ordenanza en que precisa la delegación de esta facultad.

Lucila Cruz dice que los únicos recursos con que cuentan provienen de los trámites de Registros Civiles y del cobro de rentas, pero dentro de este rubro se ha contratado un servicio tercerizado exclusivamente para la ejecución coactiva de las deudas. “Nuestro presupuesto anual es de 12 mil soles, aparte de lo que la ejecución coactiva consigue”, señala.

En la misma Av. Andrés A. Cáceres, a cuatro cuadras del local de Cruz, Chosica ha instalado su sede distrital, pero los vecinos no perciben mejoras. “No reconozco a Huarochirí. Solo ha asfaltado unas cuadras en los años que está acá”, indica Flor de María Soto, quien vive frente al concejo que dirige Lucila Cruz. Otros vecinos, como Lourdes Rivera, han decidido apoyarla y culpan al alcalde chosicano de no dejarla trabajar. El resto aprovecha el caos para no pagar tributos o tramitar licencias. Pero quizá lo que dice el vecino Santo Rimari sea lo más acertado: “Esta confusión ocasiona el atraso del pueblo; no hay obras”.

SOLUCIÓN LEJANA
Los logros de la gestión de Cruz, que va desde el 2007, son el asfaltado de un sector de la vía y la colaboración en obras comunales, como la donación de cemento o equipos. “Nuestros recursos son limitados para hacer grandes trabajos”, dice. Chosica —señalan los vecinos— solo envía el camión de basura y realiza obras menores.

Según Gonzales, el objetivo de Huarochirí es cobrar ilegalmente. Él muestra un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula la ordenanza provincial que ratificó, en el 2004, la existencia del centro poblado. Sin embargo, ello no elimina en sí su creación.

De acuerdo con el oficio 1322 que el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de Lima envió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el asunto es claro: la jurisdicción de Huarochirí abarca los pueblos de más de 3 mil metros sobre el nivel del mar; por lo que si están creando “agencias municipales ambulantes” es solo para incumplir la ley (Chosica está a 850 m.s.n.m.).

La alcaldesa provincial de Huarochirí, Rosa Vásquez, asegura no aferrarse a nada y solo espera que la PCM zanje el tema. Pero eso no parece estar cerca de suceder, pues Ronald Ibarra, funcionario de esta entidad, sostiene que, primero, ambas partes deben ponerse de acuerdo en una demarcación territorial tentativa, para luego validarlo y enviarlo al Congreso.

Ahí está el entrampamiento.

PRECISIONES
¿Quién cobra tributos?
Según la Ley Orgánica de Municipalidades, serán válidos los tributos efectuados al municipio al que corresponda el predio, según conste en la inscripción registral de propiedad. Si un predio no está inscrito, serán válidos los tributos hechos a cualquiera de las jurisdicciones en conflicto hasta que el tema de límites se solucione.

¿Quién elige a líderes?
Las autoridades de un centro poblado las elige la propia autoridad provincial, en este caso. Esto hizo la alcaldesa Rosa Vásquez, previa presentación de ternas vecinales.

Sin oficinas
El concejo que lidera Lucila Cruz no tiene sede propia, es alquilada. Tiene 6 funcionarios.

OPINIONES
“Los vecinos estamos divididos en el pago de arbitrios. Y esto ocasiona un atraso al pueblo, pues [los concejos] se la pasan peleando y no invierten en nosotros. Yo cambié mi DNI a Huarochirí; a ver si ahí tenemos apoyo”.
SANTO RIMARI DE LA CRUZ. VECINO

“Yo sí aporto a San Antonio de Huarochirí, pero muchos acá no. Lo que sí rechazamos es que siga habiendo violencia entre distritos, pues al final nadie hace obras, y eso como vecinos es lo que nos debe importar”.
LOURDES RIVERA. VECINA