Hay siete zonas en Lima bajo la mira de los traficantes de tierras para ser invadidas

Un contingente policial con 80 caballos vigila tierras del sur limeño. Pretenden ocupar terrenos con el pretexto de hacer parques industriales

Hay siete zonas en Lima bajo la mira de los traficantes de tierras para ser invadidas

Por Fabiola Torres López

La lentitud en la construcción del hospital de Villa El Salvador sobre un terreno de más de 43 mil m2, en la intersección de las avenidas Doscientas Millas y Mariano Pastor, ha convertido ese lugar en una de las siete zonas de Lima en riesgo permanente de ser invadidas por agitadores y traficantes de terrenos.

Las tierras de este hospital ya han sido escenario de al menos cinco invasiones frustradas. Las fiestas de fin de año, cuando la Policía Nacional está abocada a dar seguridad a las zonas comerciales de la ciudad, son la oportunidad que estos grupos intentan aprovechar para concretar su delito. Por ello, la División de Asuntos Sociales de la PNP ya se encuentra en estado de alerta ante cualquier intento de usurpación de tierras en Lima.

EN LA MIRA
Las Lomas de Ancón, las Lomas de Carabayllo, la zona de amortiguamiento del Santuario de Pachacámac, terrenos del anexo 22 de Jicamarca, la huaca Palao (San Martín de Porres) y tierras eriazas de Santa María de Huachipa son las otras seis zonas en riesgo permanente de ser invadidas, según la policía.

El coronel Carlos Cano Pomareda, jefe de la División de Asuntos Sociales de la policía, indicó ayer que se ha asignado un contingente policial con 80 caballos para que vigile desde hoy las zonas en riesgo en el sur de Lima. La medida se tomó el último fin de semana, cuando la División Territorial Sur 2 y el Ministerio de Cultura alertaron sobre el intento de ocupación de la zona de amortiguamiento del Santuario de Pachacámac por personas inescrupulosas que estarían inscribiendo a invasores en los asentamientos humanos Max Uhle, 20 de Octubre y 3 de Octubre, en Villa El Salvador.

El coronel Roberto Luján Jara, jefe de la División Territorial Sur 2, indicó que los invasores intentan ocupar los terrenos en horas de la noche y permanecer 24 horas allí porque saben que después de ese lapso la policía no los puede desalojar sin una orden judicial.

Según la Superintendencia de Bienes Nacionales, el 95% de los bienes del Estado no está registrado y este es uno de los problemas que facilitan su invasión. Las zonas más codiciadas se encuentran en el litoral y en los márgenes de la carretera Panamericana Sur, tanto en San Bartolo, Asia, Cañete como Punta Hermosa.

INTERESES EN EL NORTE
Personal de la SBN ha advertido que los invasores y traficantes de tierras han cambiado de estrategia tras el aumento de programas de vivienda social. Estos ahora ocupan cientos de hectáreas con el supuesto de levantar allí parques industriales o granjas.

Esto no solo sucede al sur, también al norte de Lima. A la Municipalidad de Ancón han llegado varias solicitudes de supuestas organizaciones de pequeños empresarios que buscan hacer un parque industrial en los terrenos eriazos ubicados a la altura del kilómetro 52 de la carretera Panamericana Norte, pero dichas tierras no les pertenecen, manifiesta el alcalde distrital, Pedro Barrera.

También hace unos meses, más de 500 personas intentaron ocupar ilegalmente las tierras colindantes al kilómetro 39,5 de dicha vía, al costado del establecimiento penitenciario de Piedras Gordas, en Ancón, pero fueron desalojados a tiempo.

EN PUNTOS
Investigados
Según la comisaría de Pachacámac, en un intento de invasión de la zona de amortiguamiento del Santuario de Pachacámac, cuatro personas quedaron detenidas el viernes. Se trata de Rosa Chumpitaz Quiroz, Susana Chumpitaz Quiroz, Rosa Quiroz Ñahui y Justina Quiroz Ñahui.

Penas leves
El delito de usurpación prevé de uno a tres años de cárcel, así se realice de forma violenta. Solo si se usan armas de fuego o si se interviene en grupo, la pena es de 2 a 6 años. Por ello, los traficantes logran prisión suspendida.

Patrimonio
Las invasiones a los sitios arqueológicos tienen una pena de cárcel de seis a ocho años y multas de hasta 3’600.000 soles.

SEPA MÁS
La Presidencia del Consejo de Ministros ratificó que el Anexo 22 Pampa Canto Grande, el Cerro Camote y otros anexos de la Comunidad Campesina de Jicamarca, ya no son de San Juan de Lurigancho, sino de Huarochirí.

Más de 10 mil hectáreas de las lomas de Ancón, declaradas área natural protegida, están en riesgo de ser invadidas.