Presidente del Poder Judicial criticó la nueva ley contra el crimen organizado

Enrique Mendoza señaló que norma necesita reajustes para no aumentar la carga procesal en Lima

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, señaló que si bien la Ley 30077 o Ley Contra El Crimen Organizado, promulgada el último martes, tiene el loable objetivo de disminuir el alto índice delictivo del país, esta requiere de urgentes reajustes para no volver inmanejable la carga procesal de las salas nacionales de Lima.

“*La Ley 30077 modifica algunas competencias de las salas nacionales*. Ahora basta que un delito sea cometido por una banda o un grupo organizado de delincuentes para que el proceso pase a Lima sin importar si se trata de un hecho leve o grave”, explicó Mendoza.

“Eso producirá un embotellamiento de procesos, una carga imposible de soportar. Antes las salas nacionales veían solo asuntos complejos, graves o de repercusión nacional. En lo concerniente a bandas organizadas, veían casos de trata de blancas, tráfico de drogas, terrorismo y pornografía infantil. Ahora se ha establecido una mayor relación de delitos que, por el hecho de haber sido cometidos por bandas, sus respectivos casos deben ser traídos a Lima”, refirió.

Mendoza dijo que su sector no tiene el presupuesto ni la infraestructura necesaria para afrontar tal cantidad de casos. “*Haremos un pedido, no solo de presupuesto, también de reajuste de algunas normas antes* de continuar con la ejecución de esta nueva ley. Nosotros podemos aportar ideas para los reajustes. Incidiríamos en la sincronización de esfuerzos y en la complementación de trabajos. Es necesario que todos los organismos de justicia tengan un protocolo”, indicó Mendoza.

JUSTICIA MÁS EQUITATIVA
El presidente del Poder Judicial aplaudió la Ley 30076 o Ley de Seguridad Ciudadana, que modifica diversos artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y del Código de los Niños y Adolescentes con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Entre otros puntos, según esta ley, los robos al paso de celulares, carteras y bienes de montos menores a un sueldo mínimo (S/.750) serán sancionados hasta con seis años de prisión.

“La Ley de Seguridad Ciudadana reajusta la aplicación de las penas por parte de los jueces, con atenuantes y agravantes, como la reincidencia. Todo ello permite una aplicación rápida de la justicia. Se trata de una herramienta que permite al juez aplicar una justicia más equitativa. Antes, un juez de un lugar aplicaba 15 años de pena y por el mismo hecho se daban 8 años en otro lugar. Esa daba una sensación de asimetría”, concluyó.