Procuraduría investiga a tres bandas de proxenetas por lavado de activos

Se indagará si mujeres explotadas fueron víctimas de trata de personas. Mafias familiares no han justificado millonarios ingresos

Procuraduría investiga a tres bandas de proxenetas por lavado de activos

ELIZABETH SALAZAR VEGA

Aún recuerdo a Marcela. Tez blanca, cara redonda, cabello corto y una mueca en forma de sonrisa. 13 años apenas. Con naturalidad me decía que era su destino. Que si ‘Chacho’, la pareja de su madre, la había sacado de casa para ayudarla a estudiar, pero había terminado prostituida en los ocho bares que él administraba era su mala suerte. “Ya daba igual, si me negaba, me pegaba o no había comida. Los clientes pensaban que estaba ahí porque quería ¿Quién me va a creer, pues? Siempre seré así. Mejor yo cobro por mí”. La recuerdo sentada a mi lado en una banca de una delegación policial. Hoy debe tener 16. No supe más de ella.

A los ‘clientes’, que poco les interesa saber cómo llegó una chica nueva al burdel, no solo alimentan el trauma de estas chicas, sino también el bolsillo de sus captores.

NEGOCIO OCULTO
Yolanda Llanos, de la ONG Acción por los Niños, sostiene que no todos los fiscales y jueces manejan las características de la trata de personas, incluido en el Código Penal en el 2007, y procesan los casos por delitos conexos, incluso por violación sexual, que tienen sanciones menores y restan importancia a un factor clave: que el crimen lo cometió una banda organizada.

En esta confusión, el delito más tipificado es el proxenetismo. Hasta agosto del 2010 había 47 procesos en el Ministerio Público, y de estos, tres están referidos a bandas cuyo accionar ha sido mayor. Todo indica que habrían usado empresas de fachada para hacer fortuna con el ilícito negocio de la explotación sexual de personas, por lo que han pasado a ser investigados por la Dirincri y la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Según Julia Príncipe, procuradora de este despacho, se trata de los tres primeros casos de lavado de dinero que se investiga en el Perú por un delito ajeno al narcotráfico. Y se trata de mafias familiares.

La primera formada por Constancia Santos Luis, su esposo e hijo, quienes tienen en conjunto nueve propiedades, cinco autos y dos night clubs. Una parte de estos bienes fue incautada a fines del año pasado y se estima que la familia habría amasado más de US$1’700.000, pero aún no se puede probar que esté vinculada a la trata de personas.

“Veremos si hubo trata, es decir, si las víctimas fueron captadas, trasladadas y retenidas para ser explotadas”, sostuvo Príncipe.

Lo extraño en este caso es que el fiscal no pidió la detención de los involucrados. La familia Santos Pablo tiene orden de comparecencia, pero no ha intentado salir del país. Quizá Constancia Santos, que ya fue condenada en el 2005 y el 2007 por proxenetismo pero sin cárcel efectiva, crea que la impunidad seguirá de su lado.

Pero las cosas no pintan bien para ellos. Hace un mes la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada solicitó que se incluya a 14 personas más en la investigación, muchas de estas eran administradores o testaferros que ya han sido identificados.

El segundo caso involucra a Roger Absalón Rodas Cubas, su hijo, su conviviente, el hijo de su conviviente y otros allegados. Este último, Jesús Huasupoma ‘Bigote’, según la PNP, tiene varios atestados por proxenetismo, pero nunca fue sentenciado.

Esta familia, que posee restaurantes y factorías de fachada, es acusada de obligar a prostituirse a adultos y menores en Comas.

El tercer caso fue investigado por la División de Investigación de Lavado de Activos de la Dirincri, y la semana pasada fue derivado a la procuraduría respectiva. Se trata de la denuncia contra Yi Ming Zhang Zhang, acusado, según el atestado 002-2011-Dirincri, de explotar sexualmente a mujeres en un sauna de la capital. Él figura como gerente de siete empresas y propietario de ocho vehículos.

De acuerdo con la Ley 27765, que pena el lavado de activos, de confirmarse estos casos, podrían dictarse sanciones de hasta 20 años de cárcel por tratarse de organizaciones criminales.

EL DATO
Delitos conexos
Betsy Córdova, del Grupo Multisectorial contra la Trata, dijo que se cambiará la Ley 28950 para que los tratantes no obtengan penas menores.